El secretario general de Trabajo, Josep Ginesta, advierte a la industria cárnica de que se seguirán haciendo inspecciones mientras los empresarios "no se sienten a negociar". Tras la inspección de trabajo de este miércoles en Le Porc Gourmet, uno de los mataderos más importantes de Osona, Ginesta ha señalado en una entrevista a la ACN que es "inevitable" que las empresas y los sindicatos acaben llegando a un acuerdo sobre las relaciones que se establecen dentro de los centros de trabajo. Sobre todo también a raíz de las denuncias de trabajadores "cada vez más fundamentadas" de que sigue habiendo, incluso después de la aprobación en 2017 de una modificación de la ley de cooperativas catalana que pretendía equiparar las condiciones laborales de los trabajadores de una cooperativa de trabajo asociado a las condiciones de los trabajadores en régimen general. Para empezar a avanzar en este camino, el secretario ha avanzado que en los próximos días se volverá a activar la mesa de concertación del sector cárnico donde se invitará a todos los agentes y donde se espera especialmente la participación de las empresas del sector.
El sector cárnico en Cataluña es el cuarto sector industrial del país, representa el 4% del PIB y ocupa a más de 30.000 trabajadores, según datos de la Federación Empresarial de Industrias Cárnicas. Uno de los problemas que más afecta al sector es el fenómeno de las llamadas 'falsas cooperativas', una mala práctica que desde la Generalitat se intenta perseguir. Aunque Josep Ginesta ha aplaudido el comportamiento de algunas empresas que han decidido normalizar las condiciones de los trabajadores tras la aprobación en el Parlamento de una modificación de la ley de cooperativas e, incluso, inscribirlos en el régimen general, el secretario de Trabajo ha dicho que "es cierto que parte del sector ha decidido no hacerlo". De hecho, Trabajo ha seguido recibiendo denuncias desde la aprobación de la ley y uno de los últimos casos ha sido el que afecta al matadero osonense Le Porc Gourmet, donde se llevó a cabo una inspección este miércoles. Ginesta ha dicho que han recibido varias denuncias contra esta empresa con "indicios fundamentados" de que podría estar incumpliendo la ley catalana de cooperativas. Según el secretario, las denuncias cada vez tienen un grado de conocimiento más elevado, porque tanto sindicatos como plataformas, como Cárnicas en Lucha, hacen un seguimiento más exhaustivo de los casos de incumplimiento. Desde el pasado verano, Josep Ginesta ha explicado que se hace un seguimiento "más intensivo" de la situación "porque es un problema importante que genera mucho rechazo social". Según datos del Departamento, en los últimos tres años se han realizado casi 120 inspecciones a empresas de toda Cataluña, principalmente de las comarcas de Barcelona y Girona. Ginesta ha destacado que el cambio de la ley conllevó un gran consenso dentro del Parlamento "y nos corresponde velar para que se respete". El secretario general de Trabajo ha señalado que habrá que encontrar herramientas que permitan llegar a una situación de equilibrio entre cómo mejorar las condiciones laborales y de precariedad de los trabajadores y hacer competitivas las empresas. Precisamente, para Ginesta, la solución pasa por una "reflexión profunda de las empresas del sector" sobre cómo se puede hacer sostenible su competitividad a nivel local e internacional y un sistema de trabajo que garantice los derechos de las personas. Sin embargo, "la competitividad no puede ir en perjuicio de los derechos de las personas que trabajan en ella", ha añadido. Los conflictos sólo se pueden acabar con "diálogo, consenso y concertación" Ginesta ha criticado el papel que tuvo la patronal de la industria cárnica en la mesa de concertación que se creó para llegar a un acuerdo entre todas las partes. Según él, sólo se presentaron "a hacer ver que hacían cosas". Ante esto, ha dicho, la situación se atascó porque los sindicatos "no querían seguir aplastando la silla" porque las empresas se presentaban sin ninguna propuesta. Con todo, Ginesta cree que los sindicatos siguen dispuestos a negociar "con flexibilidad" para determinar de qué manera se llega al "escenario final". Ginesta ha valorado el hecho de que los sindicatos tengan presente que es muy importante la flexibilidad porque "saben que si no hay flexibilidad podría ocurrir que el sector no fuera sostenible". Otro de los conflictos que hay sobre la mesa es que algunas empresas fuerzan a los trabajadores a afiliarse a cooperativas de fuera de Cataluña para así evitar cumplir con la ley catalana. En el caso de Le Porc Gourmet, la empresa justifica el hecho de trabajar con cooperativas del resto del Estado porque aseguran que no encuentran proveedores catalanes. Sobre este punto, Ginesta cree que el problema no es que en Cataluña no haya proveedores, sino que "no están dispuestos a trabajar por el precio que la empresa está dispuesta a pagar". "Cuando no se está dispuesto a pagar el precio mínimo de la fuerza del trabajo hay un problema de modelo de negocio", ha añadido. Ginesta ha señalado que si se demuestra que hay una "huida" de cooperativistas para domiciliarse en una cooperativa de fuera de Cataluña "se tendrá que valorar si jurídicamente es un fraude o no". Con todo, el secretario de Trabajo se ha mostrado optimista porque considera que un sector tan arraigado al territorio, con empresas muy significadas, "no se puede permitir un mensaje tan negativo". "Se me hace difícil pensar que estas empresas no se acaben sentando a la mesa a negociar", ha remachado. Una práctica que se extiende a otros sectores Josep Ginesta ha admitido que desde el Departamento de Trabajo ven con preocupación que la práctica de las 'falsas cooperativas' del sector cárnico se está extendiendo a otros sectores productivos del país como la hostelería, el turismo o la economía colaborativa, con casos como el de Uber o Deliveroo. Desde el Gobierno les preocupa que se pueda extender la idea de que el progreso es sinónimo de "desregulación o control" porque, según Ginesta, "esto sería una barrera para el propio progreso". Para Ginesta, el progreso debe ir de la mano del respeto por los derechos fundamentales y sociales.