La Generalitat, el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) y el Museu de Lleida han presentado recursos de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia de Huesca del pasado 30 de noviembre que ratifica la nulidad de la compraventa de 97 obras de arte del monasterio de Sigena por parte del Gobierno a las monjas sanjuanistas, una resolución dictada en primera instancia por el juzgado de instrucción número 1 de Huesca en abril de 2015. Con estos recursos, las instituciones catalanas reclaman que vuelvan a Lleida y a Barcelona las obras que actualmente están expuestas en el monasterio de Vilanova de Sigena. El ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, actuando como consejero de Cultura en funciones tras la aplicación del artículo 155, ha autorizado dar este nuevo paso ante el Supremo para evitar que la Generalitat alegue "indefensión" ante el Tribunal Constitucional. Según fuentes jurídicas de la Generalitat, se ha presentado un solo escrito pero con dos recursos, uno de casación y otro de extraordinario por infracción procesal. Es decir, uno que cuestiona el fondo y el otro la forma de la sentencia de la Audiencia de Huesca. Según el abogado Xavier Muñoz el litigio no está perdido ya que ''aún hay juego''.
Las 43 piezas de arte en litigio del Museu de Lleida llegaron a Aragón el pasado 11 de diciembre tras la entrada en el Museu de técnicos aragoneses custodiados por la Guardia Civil, mientras que las 53 del MNAC están allí desde julio de 2016, cuando el entonces consejero de Cultura Santi Vila decidió entregarlas voluntariamente. En Lleida aún queda un cuadro que el día 11 no se localizó y que ahora se está pendiente de entregar a Sigena. La titular del juzgado de primera instancia 1 de Huesca emitió una sentencia en abril de 2015 en la que declaraba nulas las compraventas de las 97 obras en litigio efectuadas por el Gobierno y por el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) a la orden religiosa del monasterio de Sigena entre los años 1983 y 1994. Esta sentencia implicaba el traslado a Aragón de estos bienes y la Generalitat recurrió esta decisión a la Audiencia, que dos años y medio después se pronunció en contra de los intereses catalanes. Ahora será el Tribunal Supremo quien tendrá la última palabra en este litigio. Este jueves vencen los 20 días hábiles que inicialmente había fijado la Audiencia de Huesca para presentar recursos a la sentencia del 30 de noviembre. El abogado de la Generalitat presentó una aclaración de sentencia que amplió el plazo hasta el 16 de enero pero, a pesar de ello, se ha optado por no agotar el margen para entrar los escritos en el Supremo. Los servicios jurídicos del Gobierno confían en poder tener la nueva resolución del alto tribunal en un año y medio aproximadamente, aunque es imposible de precisar. El 15 de diciembre, en rueda de prensa, Méndez de Vigo ya avanzó que autorizaría la presentación de los recursos al Supremo si los servicios jurídicos de la Generalitat lo estimaban necesario para no generar "indefensión" y porque se debía respetar el derecho de las partes a recurrir a instancias superiores las decisiones judiciales. Fue el mismo día, sin embargo, que el ministro, como máximo responsable de la consejería de Cultura tras la aplicación del artículo 155, explicó que sí ordenaría retirar los recursos que el Gobierno había presentado contra las providencias del juzgado de instrucción número 1 de Huesca que ordenaban el traslado de las 44 obras del Museu de Lleida a Sigena el 11 de diciembre con la intervención de la Guardia Civil. Argumentó que los recursos se habían presentado sin su consentimiento y que no tenían sentido porque ya se había efectuado el traslado. Concretamente, el Consorcio del Museu de Lleida ha presentado un recurso de casación y un recurso extraordinario por "infracción procesal" ante el Tribunal Supremo para recuperar las obras de Sigena. Los recursos se fundamentan en numerosos motivos, entre ellos destaca que "se ha causado indefensión al Consorcio por no poder intervenir de buen principio en el proceso", ya que "las demandas del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Vilanova de Sigena no se dirigieron contra él". También alega que "la sentencia 6/2012 del Tribunal Constitucional niega que el gobierno de Aragón pueda ejercer sus competencias en materia de cultura sobre las 44 piezas provenientes de Sigena; que la Declaración de Monumento nacional de 1923 del Monasterio de Sigena no protegió las citadas piezas y que no era necesario comunicar ni pedir autorización para adquirirlas al Ministerio de Cultura ni al Gobierno de Aragón, dado que Cataluña ya tenía, en 1983, competencias en materia de cultura". El Museu de Lleida asegura, a través de un comunicado, que la actuación de este jueves es "un paso más en la defensa de unos bienes culturales catalogados que forman parte del Patrimonio Cultural catalán y de la integridad de la colección de la que formaban parte".
