El secretario general de la Unión Sindical de Andorra, Gabriel Ubach, atiende a La Ciutat d'Andorra para poner el termómetro a la situación del movimiento sindical en el Principado y tratar las principales problemáticas del trabajador andorrano: vivienda, salarios, pensiones o sistema impositivo. Temas por los cuales Ubach plantea soluciones completamente opuestas al Gobierno.
¿Qué fuerza tiene el trabajador en Andorra?
No tiene ninguna. Primero porque no existen los comités de empresa, segundo porque en Andorra el despido es libre y tercero porque en el Parlamento una gran mayoría de los consejeros son grandes empresarios, otra son trabajadores por cuenta propia y lo que queda son funcionarios de alto cargo. Los trabajadores no están representados.
¿Los miembros del Consejo General no entienden una parte de Andorra?
Es evidente que la parte social andorrana está marginada y la clase media cada vez va más abajo.
El otro gran tema es que una parte de asalariados de Andorra no tiene derecho a voto porque no lleva suficientes años en el país. Algunos partidos como el PS han planteado que puedan hacerlo.
De 80.000 habitantes, unos 27.000 tienen derecho a voto. El resto no tiene derecho a nada, sólo a callar y a pagar. Pedimos que la gente que había vivido 10 años en el país pudiera votar en las elecciones comunales, pero el Gobierno y el Consejo General no lo vieron oportuno.
Entrando en la lucha sindical, ¿el trabajador tiene miedo de ser despedido por representar a sus compañeros?
La ley prevé que haya delegados de personal, no delegados sindicales. En el momento en que plantean un conflicto colectivo se encuentran en un dilema. Detrás no tendrán a nadie que les pueda asesorar y una serie de trabajadores que les han votado les dirán que deben defenderlos. Esta figura queda protegida durante dos años, pero después la primera persona que saltará será él.
¿Qué hace la USdA para cambiar esta realidad?
Lo que intentamos es crear ramas sindicales dentro de USdA, pero es muy complicado. Cuando sale un brote de esperanza, el empresario lo corta fácilmente para que sirva de ejemplo al resto. Entonces, difícilmente los demás trabajadores se animan. Además, hoy en día despedir a un trabajador cuesta la mitad que hace unos años con la anterior ley de relaciones laborales.
¿Existe un diálogo social entre sindicatos, patronal y gobierno para tratar estos problemas?
No. Se ha creado el Consejo Económico y Social donde se nos informa de las decisiones que toma la patronal y el Gobierno, pero no se nos escucha. Hemos presentado toda una batería de propuestas y ninguna se ha tenido en consideración. La mayoría de las propuestas que vienen de la patronal, que son los mismos que el Consejo General, son las que van a misa.
Cuando el gobierno es de un color diferente, ¿la situación cambia?
Aparte de dos años, nunca ha sido de un color diferente. Siempre ha sido un gobierno de ultraderecha y, por tanto, de las grandes familias andorranas. Hasta ahora, era una Andorra SA y ahora la están convirtiendo en una Andorra SL. Sus políticas neoliberales nos llevan a esta situación.
¿A quién perjudica estas políticas neoliberales que mencionas? Por ejemplo, los trabajadores con sueldos más bajos quedan exentos de pagar IRPF.
Seamos realistas. El sistema impositivo andorrano beneficia las inversiones extranjeras y al gran capital, mientras penaliza duramente a la clase media y trabajadora. Ya no hablamos de los pensionistas... ¿Por qué? Una persona que en España cobra 600.000€ de sus negocios debe pagar la mitad y, comparado con Andorra, el diferencial es tan brutal que esta persona se puede permitir comprar un piso, dos o tres por un valor superior a los 500.000€. Un trabajador que cobra 1.300€ necesitaría toda su vida para comprar esta vivienda. Esto el Gobierno de Andorra no lo ha sabido ver. Ha premiado y ha ido a buscar las grandes fortunas europeas sin tener en cuenta a los trabajadores que han hecho de Andorra lo que es.
Han establecido el precio medio del alquiler en 632 €. No sé si se lo cree, pero si fueran ciertos, representarían el 50% del salario mínimo.
Todos estos datos son falsos. Si buscas un piso, no encontrarás nada por menos de 1.000€. Además, cuando hablamos de la vivienda, también hablamos de calefacción, seguro, la fianza, una plaza de parking, la luz... Todo esto hace que un piso en Escaldes o Andorra no baje de los 1.500€ y en las parroquias altas llegue a los 1.000 y pico. La realidad del país es que tenemos unos salarios de miseria y una pensión media deplorable de 650€, mientras vendemos pisos a un millón de euros. El culpable es el Gobierno, que les ha dado la espalda a los ciudadanos de manera estrepitosa a favor de la alta especulación para que cuatro familias puedan enriquecerse.
¿Qué solución proponéis?
Los sindicatos hemos planteado una batería de propuestas al Consejo Económico y Social. Por ejemplo, poner un precio de umbral al alquiler de 8€ el m2, que se puede discutir. 100 m2 valdrían unos 800 € a los que se le debería sumar el resto de gastos. A partir de aquí, todo el que alquile por debajo del precio se le debe bonificar porque lo está haciendo bien, pero quien lo alquile por encima se le debe penalizar a través de impuestos. No digo que deba ser una medida definitiva, sino que es una medida de choque importante.
A partir de aquí, son los Comunes y el Gobierno los que deben construir pisos de protección oficial. En Andorra no hay ni uno y se nota. Por un lado, la gente cuando se jubila vive de la caridad de sus hijos o emigra. Y por el otro lado, los empresarios dicen que no le pueden pagar a un camarero 2.500€, pero claro.... después ellos deben pagar 1.200€ de alquiler. Es el pez que se muerde la cola. Una vez el trabajador paga el alquiler, le debería quedar 1.000€ para que pueda ir a la peluquería, salir alguna noche a cenar, comprarse un coche... eso es una economía productiva. Llegamos a un punto en que las familias deben malvivir.
Más allá de estos problemas, ¿cómo ha salido el trabajador andorrano de la pandemia?
Las medidas de pagarnos el autobús y la subida de sueldo que sólo sirve para pagar un café diario no son suficientes. El Gobierno lo sabe. Los problemas de la vivienda o los salarios no tienen nada que ver con Ucrania o la covid, hace muchos años que los tenemos. O hay un cambio radical en las políticas sociales del país, o Andorra no encontrará trabajadores que quieran venir.
La CASS plantea una reforma del sistema de pensiones, que la CEA considera que recae principalmente sobre las empresas. ¿Qué pensáis?
Estamos completamente en contra de las propuestas de la CASS, la CEA y la mayoría del Gobierno. Si el salario mínimo es lo justo para vivir en este país, la pensión mínima debe ser la misma. Hecho el estudio, nos damos cuenta de que hacen falta 30 puntos para llegar a este objetivo. Lo que ellos plantean es que haya un incremento de dos puntos para el trabajador y dos para el empresario y también se deberán hacer planes de empresa. Si no hay comités de empresa, ¿cómo se harán estos planes? También marca la jubilación a los 67 y se abre la puerta a ampliarlo con relación al aumento de la esperanza de vida. Dentro de 15 años quizás debamos retirarnos a los 80.
Proponemos todo lo contrario. La sanidad debería pagarse vía impuestos y lo que es la cotización debería ir íntegramente a la jubilación. Una vez esto está hecho, el Gobierno pone los ocho puntos que faltan para llegar a los 30 necesarios. No es un problema de la CASS, sino de estado.
