El Ayuntamiento de Figueres ha aprobado una moción en la que condena las cargas policiales durante el 1-O y se une al veto a la Casa Real, las fuerzas de seguridad del Estado y al delegado y el subdelegado del gobierno español. El documento, que ha contado con el apoyo del PDeCAT, ERC, la CUP y Compromís, también ha acordado declarar al delegado del gobierno español, Enric Millo, persona non grata y exigir la retirada "inmediata" de los efectivos policiales desplegados en la ciudad para "reprimir el referéndum".
El plenario, a excepción del PP, C's, el concejal no adscrito, ha mostrado también su solidaridad con los municipios afectados por "la violencia policial" y con las personas que resultaron heridas a raíz de esta "brutalidad". Por todo ello, exigen al Ministerio del Interior el "resarcimiento por los daños causados" y reclaman la "dimisión de todos los cargos políticos implicados en el ejercicio de la violencia de Estado y de la vulneración de los derechos humanos en Cataluña.
La moción, impulsada por ERC y la CUP, se inicia asegurando que el 1-O pasará a la historia por la celebración del referéndum de autodeterminación de Cataluña y por "la vergüenza de un Estado Español represor que ha ejercido una violencia desproporcionada ante una ciudadanía absolutamente indefensa".
El documento condena de manera "enérgica, alta y clara" la "violencia generada por el Estado español, amparado por su gobierno, contra vecinos y vecinas de nuestros pueblos y ciudad". En especial a los habitantes de los municipios de Garrigàs, Palau de Santa Eulàlia, Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, Siurana y Vilaür, que recibieron cargas durante la jornada.
En el escrito, denuncian los daños materiales provocados por las actuaciones, agradecen el comportamiento de los más de "dos millones de personas que se expresaron en las urnas" y reclaman el apoyo de las instituciones europeas y de la comunidad internacional. También critican el discurso del Rey de este martes donde "no condenó en ningún momento la violencia" y "renunció a su papel de neutralidad política e ideológica".
Por todo ello, el pleno ha aprobado que el Ayuntamiento no invite a la Casa Real a ningún acto y que tampoco los representantes municipales asistan a los organizados por ellos ni por terceros donde participen miembros de la corona. Pero no sólo eso. También se ha acordado vetar la presencia del delegado del gobierno español, Enric Millo, del subdelegado, Juan Manuel Sánchez-Bustamante y de todos los miembros de la delegación del gobierno del estado en los actos institucionales. Tampoco invitar a la policía española y la Guardia Civil ni asistir a ningún acto organizado por ellos.
Además, la ciudad declara persona non grata a Millo, le reclama la dimisión inmediata y trasladará el escrito al Rey junto con documentos audiovisuales que muestren "la actuación salvaje de las fuerzas de seguridad contra la población civil".
La moción ha contado con los votos favorables del PDeCAT, la CUP, ERC y Compromís y los votos en contra del PSC, C's, PP y Diego Borrego. Tanto C's como el PP han condenado la violencia pero han insistido en que el principal instigador de la situación actual es el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. El PSC también ha votado en contra pero ha recordado que su formación ha presentado una moción para condenar la violencia de los hechos. El concejal no adscrito, Diego Borrego, también ha condenado los hechos pero ha votado en contra. Los dos concejales no adscritos y exmiembro de Unió, Manuel Toro y Núria Galimany, se han abstenido.
