La junta de accionistas de la compañía Ferrovial, ha decidido por una abrumadora mayoría apoyar el plan de la empresa de trasladar la sede social a los Países Bajos. La fórmula, aprobada por un 77,6% del accionariado, es llevar a cabo "la fusión transfronteriza intracomunitaria" entre la empresa y su filial holandesa, Ferrovial International SE.
Parece que la empresa pone fin a un período de más de un mes y medio de tensiones con el gobierno español, después de que éste hiciera patente la disconformidad con la operación.
Desde la dirección de la compañía han alegado que la motivación de esta decisión es económica porque quiere internacionalizar la empresa y cotizar en la bolsa de Ámsterdam primero y en la de Nueva York después.
De hecho, el presidente de la compañía, Rafael Del Pino, ha insistido en esta idea y ha destacado la importancia que tienen para el grupo las inversiones que ha emprendido y llevará a cabo en Estados Unidos.A pesar de todo, el Ejecutivo español ha reprochado que el grupo puede mantener la sede en España y, a la vez, cotizar en Estados Unidos.
COSTE FISCAL DE LA OPERACIÓN
Ahora falta por determinar cuál será el coste fiscal de este traslado para Ferrovial. El Gobierno ya ha advertido que si la Agencia Tributaria no encuentra motivos económicos (sino fiscales) para hacer la operación -al contrario de lo que ha querido hacer entender Del Pino-, quedará exenta de las ventajas fiscales que aplican en estos casos.
Uno de los últimos informes económicos del Banco Sabadell, sin embargo, asegura que la empresa se ahorrará 40 millones de euros al año en impuestos.
Desde sectores de la izquierda española se ha criticado duramente esta operación tildándola de ingeniería fiscal para eludir impuestos. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, de Unidos Podemos, ha pedido al Gobierno legislar para que Ferrovial devuelva "hasta el último euro de dinero público que recibió de los españoles y las españolas en los momentos más difíciles".