La Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Sénia ha exigido al gobierno español que reafirme su voluntad de cerrar el proyecto Castor sellando definitivamente los pozos. Denuncian que la indefinición mostrada sobre el desmantelamiento de las instalaciones por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, podría responder a la voluntad de seguir compensando a Enagás con el mantenimiento del proyecto o, incluso, dejar la puerta abierta a inyectar gas en el futuro en otras condiciones. El movimiento social ha lamentado que los informes de MIT y Harvard exoneren a la concesionaria y al gobierno español por la supuesta imposibilidad de prever la crisis sísmica causada por las inyecciones. Reclaman que se depuren responsabilidades -técnicas, políticas y económicas-, se desmantelen las instalaciones y se compense a los afectados.
"Si bien el ministro ha dicho una y otra vez que no se volverá a abrir, hemos aprendido de la administración del Estado que donde cantan papeles callan barbas. ¿Quién nos dice que en un futuro no se reconsidere la posición del gobierno español y se inyecte poco a poco? ¿Quién nos asegura que no volverá a pasar?", ha inquirido la portavoz de la Plataforma del Sénia, Cristina Reverter. No es ningún temor infundado. Recuerda que el mismo informe estadounidense hace recomendaciones en previsión de que el gobierno español quiera optar por inyectar gas al almacén submarino. Una puerta abierta que las declaraciones del ministro sobre globos inflados y peligros inconcretos para demorar el desmantelamiento, no acaba de cerrar. Al contrario. A diferencia de la prisa con la que se aprobó la indemnización, recuerdan, no existe ningún decreto ni resolución certificando esta voluntad. "Queremos una orden expresa de clausura y sellado de los pozos", ha insistido Reverter, que también reclama un calendario para el desmantelamiento, tanto de las instalaciones marina y terrestre como del gasoducto de conexión con la red anulado por el Tribunal Supremo. Es por ello que el movimiento social que desde hace casi diez años se opone al proyecto Castor tiene clara la necesidad de "sellar" los pozos que comunican la plataforma marina con la estructura geológica subterránea, como garantía de que se inutilizará definitivamente el proyecto. Recuerdan que el gas colchón ni se puede ni se debe extraer del almacén, tal y como habría sugerido el ministro con el eufemismo de los peligros que supondría "desinflar el globo". "Tapemos los agujeros de los pozos y hagamos los estudios necesarios para desmantelar después", ha reclamado el también portavoz Evelio Monfort. Una solución, recuerda, que difícilmente resultaría más costosa que proceder al sellado inmediato. "Cuando el ministro dice que no podemos tocar nada, ni la planta marina ni la terrestre, que gestiona Enagás cobrando 15,72 millones al año –sólo dos millones menos de lo que cuesta mantener en funcionamiento el almacén submarino de Gaviota, en Euskadi-. Blanco y en botella", añade. Creen que, en el caso de que el gobierno español decidiera reabrirla en el futuro, como no descartan los informes, sería el mismo gestor técnico del sistema gasista, quien podría sacar provecho. "Pensamos que es una compensación a Enagás por los servicios prestados a Enagás", subraya Monfort, recordando que fue la empresa a quien el gobierno español encargó la hibernación del proyecto y la operación financiera para pagar la indemnización de 1.350 millones de euros a Escal UGS a raíz de su renuncia. Un dinero, denuncian, que no aparece reflejado en sus balances. A la búsqueda de los responsables La tercera constatación, después de que ya lo hicieran en sus respectivos informes anteriores el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Instituto Geológico y Minero (IGME), sobre la relación directa entre las inyecciones de gas y la ola sísmica de un millar de terremotos a partir de septiembre de 2013 no han supuesto ninguna gran novedad para la Plataforma, que durante más de diez años había denunciado reiteradamente este peligro ante el desprecio de la concesionaria, Escal UGS y el gobierno español. Más allá de esto, sin embargo, el hecho de que una de las grandes conclusiones del estudio se centre en exonerar a la empresa y a la misma administración porque, de acuerdo con los estándares del momento, no podían haber previsto las consecuencias sísmicas de la inyección de gas, ha causado gran indignación. "Un informe no puede decir eso", subraya Reverter. "Lo que debería haber hecho el gobierno español era no dar ninguna autorización. El gobierno español tiene una responsabilidad clarísima", denuncia. "¿Qué hace dando la autorización a empresas que no tienen la capacidad, los medios ni el rigor necesario para sacar adelante proyectos tan importantes y de tanta envergadura como estos?", ha inquirido. El resultado, final, recuerdan, una instalación multimillonaria sin ningún uso, inoperante, inútil y potencialmente peligrosa si se vuelve a poner en marcha. "Es el paradigma de la incompetencia de todos los que gestionaron el proyecto, que fue bendecido por todo el mundo y que nos tenía que sacar de la crisis", ha subrayado Reverter, para quien la "mala gestión de los recursos públicos" resume, en buena medida, la corta vida del fracasado almacén de gas submarino. La magnitud del desastre económico que ha supuesto el proyecto Castor, recuerda la Plataforma, queda reflejada en un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la deuda del sistema gasista estatal. La compensación por el fracasado almacén de gas submarino a las entidades bancarias que facilitaron el crédito supone un 53,7% de la deuda del sistema -2.470 millones-, haciéndolo crecer un 67% entre finales de 2015 y finales de 2016. Para 2017, el 82% de los intereses de la deuda -56,7 millones- corresponden a esta operación financiera. El movimiento social continúa exigiendo la reversión del pago de la indemnización y que no deba ser la ciudadanía quien asuma los platos rotos causados por la exconcesionaria, con un encarecimiento considerable de las tarifas del gas. Investigación del Tribunal de Cuentas En este contexto, y ante el escenario de imprecisiones y opacidad que el proyecto Castor aún genera, la Plataforma ya ha anunciado que pedirá que tanto la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo como a la misma Comisión Europea tengan en cuenta el informe en los procesos abiertos en contra del almacén de gas submarino. También quieren trasladar el informe a los eurodiputados valencianos y catalanes para que actúen en consecuencia. Piden, además, que se indemnice a los propietarios afectados por las instalaciones y que el gobierno español, aparte de una auditoría de costes, encargue un informe jurídico para ratifique que las instalaciones nunca llegaron a estar operativas hecho por el cual no correspondería la indemnización. Trasladarán a los diputados del Congreso la necesidad de exigir responsabilidades administrativas y políticas y que se indemnice a los ciudadanos afectados por los terremotos. Exigen al gobierno español que restituya ambiental y paisajísticamente los espacios afectados el proyecto, según prevé la ley. Por último, la Plataforma instará al Tribunal de Cuentas a investigar la "macrodeuda injusta" que ha generado el proyecto, especialmente en lo que se refiere al coste de la indemnización y el pago de intereses que supone. Más allá de las actuaciones administrativas previstas, el movimiento vecinal ha solicitado reunirse con responsables de la Generalitat Valenciana para abordar el contenido del informe del MIT y tratar posibles nuevas acciones que se deriven. La entidad, además, tomará parte activamente el próximo 17 de junio en el Juicio Popular que impulsa la Oficina del Deuda en la Globalización para denunciar todas las consecuencias y encontrar a los responsables del fracaso del proyecto así como los efectos sobre la ciudadanía. El décimo aniversario de la lucha y la situación actual servirá también para organizar nuevas acciones populares como el entierro "definitivo" del proyecto, que ya se escenificó anteriormente.
