La Fiscalía General del Estado está estudiando los "diversos escenarios" que se pueden dar después de la comparecencia del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, este martes en el Congreso de los Diputados, donde podría declarar la independencia de Cataluña en aplicación de la Ley del referéndum y donde abrirá el proceso constituyente de seis meses para la convocatoria de unas elecciones. Fuentes del entorno de José Manuel Maza no descartan ninguna actuación, tampoco la querella por un supuesto delito de rebelión, que está castigado con penas de entre 15 y 25 años de prisión. En todo caso, las mismas fuentes apuntan que hay que esperar a ver qué pasa a partir de las seis de la tarde, en que comenzará la comparecencia del president de la Generalitat.
Maza ya advirtió durante el acto de apertura del año judicial que daría una respuesta "firme y enérgica" a cualquier intento de destruir la unidad de España, y que lo haría sin "ninguna duda", porque ya no valen –dijo- "ningún tipo de vacilaciones". En las últimas semanas el Fiscal General del Estado se ha querellado contra el Gobierno y la Mesa del Parlament en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y abrió un proceso en la Audiencia Nacional contra los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, así como el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, por un supuesto delito de sedición. Paralelamente, la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas (ACM) y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) han presentado una querella en el Tribunal Supremo contra el propio Maza por supuestos delitos de prevaricación, usurpación de funciones y amenazas y coacciones por haber citado a 700 alcaldes y dar instrucciones a la policía después de que el TSJC tomara las riendas del caso. Este martes el diario ARA publica que Maza quiere llevar al Supremo una querella contra Puigdemont por un supuesto delito de rebelión. Según este diario, lo haría por la publicación en la cuenta de twitter del president de los dominios de páginas web relacionadas con el referéndum una vez la Guardia Civil iba clausurando las que detectaba. Según este rotativo, en la medida en que los dominios son internacionales la cuestión debería quedar en manos de la Audiencia Nacional, pero como Puigdemont es aforado habría que trasladar el caso al Tribunal Supremo.
