El grupo municipal de ERC-MES-MDC quiere que el Ayuntamiento de Tarragona se posicione ante la delicada situación que atraviesa el sistema público de pensiones y propone que el consejo plenario acuerde una serie de medidas, algunas municipales, para revertirla. 'El PP ha dilapidado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social reduciendo los 66.815 millones que había en 2011, a los 8.095 millones actuales. El sistema público de pensiones está en peligro', asevera su portavoz Pau Ricomà. Los republicanos consideran que 'es indispensable mejorar las cotizaciones actuales para garantizar las futuras pensiones, y esta mejora requiere unos salarios dignos y derogar las reformas laborales del PSOE y del PP para recuperar el marco de relaciones laborales y sindicales anterior'.
Para Pau Ricomà, 'la situación actual es tan grave que prácticamente se ha vaciado el Fondo de Reserva. Ya no valen parches, se necesitan medidas efectivas para garantizar el sistema público de pensiones'. En este sentido, el texto de la moción que se llevará al próximo pleno, propone instar al Gobierno del Estado a revalorizar obligatoriamente las pensiones en función del IPC. 'Este año las pensiones sólo se han incrementado un 0,25% cuando el IPC ha sido de un 1,1%. Es inadmisible que las pensiones se revaloricen por debajo del incremento del coste de vida', afirma Ricomà. La moción propone también que el Ayuntamiento de Tarragona establezca un salario mínimo interprofesional de 1.000 euros, como ya se ha hecho en otros ayuntamientos catalanes, permitiendo aumentar las cotizaciones más bajas. 'Creemos que el Ayuntamiento de Tarragona debe liderar un cambio en el modelo laboral y productivo garantizando salarios dignos en aquellos ámbitos donde tiene capacidad de actuar directamente'.
Otras acciones que proponen los republicanos son la adopción de medidas fiscales que premien a las empresas que mejoren las retribuciones que establecen los convenios colectivos y promover la equiparación de las pensiones entre hombres y mujeres. Para ERC es indispensable también que se prioricen las pensiones en el presupuesto estatal, derogando la reforma del artículo 135 de la CE que obliga a pagar primordialmente la deuda, y que a nivel de Cataluña se desarrolle un marco de relaciones laborales que blinde los ingresos generados por las cotizaciones. 'Es necesario evitar que el gobierno estatal de turno pueda sustraer los ahorros generados por las aportaciones de los trabajadores, sin un acuerdo con los agentes sociales, para tapar agujeros económicos fruto de su mala gestión y previsión', concluye Pau Ricomà.
