El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) publicó este jueves el decreto ley con nuevas medidas urgentes para evitar el intrusismo en el sector del taxi y ordenar los servicios de transporte de viajeros amparados por autorizaciones de vehículos de transporte con conductor (VTC). Por lo tanto, las medidas han entrado en vigor desde hoy, sin perjuicio de que el Parlamento convalide próximamente el decreto. El texto se centra en los vehículos de hasta nueve plazas y prevé ordenar la convivencia entre los vehículos de transporte con conductor y el sector del taxi. Según el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, se trata de garantizar el correcto desarrollo de la movilidad con estos tipos de vehículos, la seguridad jurídica del entorno en el que se prestan los servicios y los derechos de los usuarios que eligen una u otra modalidad de transporte.
El decreto se basa en dos textos legislativos: la Ley 12/1987, de 28 de mayo, de regulación del transporte de viajeros por carretera mediante vehículos de motor, y la Ley 19/2003, de 4 de julio, del taxi. En concreto, prevé que las autorizaciones VTC domiciliadas en Cataluña sólo se podrán transmitir pasados dos años desde su otorgamiento. De este modo se quiere evitar que determinadas empresas accedan a la titularidad de estas autorizaciones sólo para transmitirlas con fines especulativos y no para operar. Por otra parte, se prevé crear un registro electrónico al que las empresas que gestionen VTC deberán comunicar los servicios que tienen previsto prestar acreditando su contratación previa. Así, deberán facilitar los datos del contratante y del prestador del servicio; el lugar y la fecha de celebración del contrato, y la hoja de ruta, con la hora, fecha y lugar de inicio y finalización del servicio. De este modo, según subraya el Departamento, se impedirá que este tipo de vehículos capten viajeros mientras circulan por la calle o mientras estacionan en puertos, aeropuertos o estaciones de tren. La medida hace obligatorio llevar el distintivo pegado en la parte inferior derecha del parabrisas delantero del vehículo. La identificación facilitará la tarea de los inspectores y la lucha contra el intrusismo. Las empresas que aún no lo tengan dispondrán de dos meses desde la entrada en vigor del decreto para obtener este distintivo. Finalmente, el decreto ley se completa con un régimen sancionador y prevé que las empresas de VTC con autorizaciones de otras comunidades autónomas que presten más de un 20% de sus servicios en Cataluña se podrán multar con 4.000 euros (infracción muy grave). Asimismo, el incumplimiento de la obligación de comunicar al registro electrónico la realización del servicio constituirá una infracción leve y será sancionada con multas de hasta 1.000 euros. Y, también, el incumplimiento de la obligación de llevar el distintivo se podrá multar con 2.000 euros (infracción grave).
