Enric Roig: "Tildar de dictadura al gobierno español es una falta de respeto a los países que sí afrontan una dictadura"

06 de abril de 2018 a las 06:59h

El próximo lunes 9 de abril, en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Tortosa, el grupo del PSC presentará una moción de apoyo a la Renta garantizada de ciudadanía (RGC). Asimismo, se pronunciará sobre otras dos mociones, éstas presentadas por la CUP y PDCat-Esquerra Republicana, respectivamente. Así lo ha manifestado en rueda de prensa Enric Roig, portavoz del grupo socialista, que pide que "el Ayuntamiento exija a la Generalitat la resolución de los expedientes pendientes" de los tortosinos que quieren acceder a la RGC. Esta prestación, de carácter periódico, se aprobó en el Parlamento en julio de 2017, a fin y efecto de garantizar los mínimos de una vida digna a las personas y unidades familiares que se encuentran en situación de pobreza. La ley se empezó a aplicar en septiembre del mismo año. En el mes de febrero "todavía había más de 51000 personas esperando la resolución de su caso". Para Roig, este retraso constituye "un grave incumplimiento de los plazos por parte del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias". Y, como este mismo departamento reconoció, "la aplicación del artículo 155 no ha influido". Por otra parte, en el pleno del próximo lunes, el PSC votará en contra de la moción de la CUP que propone cambiar el nombre de la plaza de España por el de la plaza de la Constitución. El portavoz del grupo admite que Madrid "ha judicializado el proceso", pero también asegura que "no entraremos en la política de confrontación. Hay que pensar en el país entero, hay que tener en cuenta a todo el mundo. Es increíble que se lleguen a suspender plenos para que algunos puedan asistir a ciertas concentraciones, o que se cuelguen carteles en el ayuntamiento sólo en nombre de unos cuantos. Se trata de una falta de respeto institucional". La moción conjunta del PDCat y Esquerra Republicana exige la liberación de los presos políticos y el retorno de los exiliados. La moción también denuncia la deriva antidemocrática del gobierno español. El grupo socialista del consistorio se opondrá. En este caso, Roig critica "la desproporción de las medidas cautelares y de la acusación de sedición, aunque respetamos las decisiones judiciales". Ahora bien, niega que los encausados sean presos políticos ni exiliados: "Ellos sabrán el daño que han hecho". En su opinión, tildar de dictadura al actual gobierno español "es una falta de respeto a la ciudadanía de otros países que sí viven en una dictadura". Y concluye: "Estas mociones hacen aún más profunda la fractura social. No hay consenso y no hemos tenido la oportunidad de pactar. Se nos quiere excluir del espacio público. Apelo al gobierno municipal a ser consecuente".

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