Familiares, compañeros y autoridades se han unido este sábado en un multitudinario homenaje a los dos agentes rurales que murieron el pasado 21 de enero cuando un cazador les disparó dos tiros a cada uno en un coto de Aspa, en el Segrià. Las familias han reivindicado ante el president Carles Puigdemont que se mejoren las condiciones de trabajo del cuerpo de agentes rurales, ya que consideran que las víctimas estaban "desprotegidas" en el momento del crimen. Unas 400 personas venidas de todas partes, la mayoría compañeros de profesión de todo el estado español y Francia, han participado en un acto muy emotivo que se ha hecho en la Reserva Natural del Mas de Melons, en el término de Castelldans, muy cerca del lugar del crimen. Aparte de los parlamentos, se ha descubierto una placa conmemorativa en una doble escultura dedicada a las víctimas y los hijos de Xavier Ribes y David Iglesias han liberado simbólicamente dos aves.
Más de 400 personas han acompañado a las familias de Xavier Ribes, de 43 años, y David Iglesias, de 39. Todos murieron el pasado 21 de enero cuando hacían un control rutinario de caza en el coto de Aspa. Un cazador de Vacarisses (Vallès Occidental) de 28 años, Ismael Rodríguez, les disparó con una escopeta en la cabeza y después confesó el crimen a los Mossos. Actualmente está en prisión provisional. Rodríguez tenía caducada la licencia para usar el arma homicida, que estaba a nombre de un amigo, y tampoco recogió la autorización para cazar en el coto. Debate sobre las medidas de seguridad de los agentes rurales La trágica muerte de los dos agentes rurales en Aspa abrió el debate sobre la falta de medidas de seguridad de los efectivos del cuerpo. Días después del crimen, el Comité de Seguridad y Salud del cuerpo de Agentes Rurales acordó incrementar las medidas de seguridad de forma extraordinaria. En concreto, se decidió hacer controles de caza en equipos formados por grupos de tres personas en vez de dos, vistiendo chalecos antibalas y equipados con un arma de fuego. También se acordó crear un grupo de expertos en seguridad para que determine qué medidas definitivas deberán adoptar los Agentes Rurales, tanto en lo que respecta a los controles de caza como en el resto de actuaciones del cuerpo. El Comité de Seguridad y Salud del cuerpo de Agentes Rurales lo forman miembros de la dirección de este cuerpo, de la subdirección general de Recursos Humanos, Organización y Relaciones Laborales, y también delegados de Prevención de los diferentes sindicatos, aparte de representantes de la Administración. Por su parte, el Síndic de Greuges anunció el 26 de enero la apertura de una actuación de oficio para investigar los hechos relacionados con el crimen de Aspa. Por un lado, investigar las condiciones laborales y la seguridad del Cuerpo de Agentes Rurales, así como también pedir información sobre los procedimientos de concesión de licencia de armas, competencia de la Guardia Civil. El mismo día de los hechos, el Síndic ya dijo a través de Twitter que pediría esta información a la Guardia Civil, un tuit que motivó al coordinador general del PPC a que pidiera la dimisión de Ribó por ''extralimitarse'' en sus funciones al entender que había insinuado una supuesta responsabilidad del cuerpo policial en los hechos. En el ámbito judicial, el abogado de la familia de las víctimas, Pau Simarro, considera que el caso de los agentes rurales muertos en Aspa es similar al de los Bomberos muertos en el incendio de Horta de Sant Joan, por lo que pide que la Generalitat asuma "su parte de culpa" en el trágico suceso. Por ello, el 13 de febrero (después de la declaración en el juzgado de los compañeros de cacería de Rodríguez) anunció que pondrán en marcha un proceso contra la Administración por un supuesto delito contra la seguridad de los trabajadores, y, si se archiva, harán una reclamación patrimonial de indemnización que podría alcanzar los 400.000 euros en total. Simarro lo considera así porque los dos agentes rurales iban a ''pecho descubierto'' por el campo mientras los cazadores van armados. Además, afirma que después de los trágicos hechos del pasado 21 de enero, han salido a la luz una ''serie de denuncias'' de agentes rurales que aseguran haber sufrido amenazas por parte de cazadores que también les han encañonado con sus escopetas. El abogado insiste en que hasta que no se ha tenido que lamentar la muerte de dos agentes rurales por parte de un cazador, la Generalitat no ha establecido más medidas de seguridad.
