El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) juzgará el próximo 28 de febrero si la huelga general del 8-N, convocada por el sindicato minoritario Intersindical-CSC, fue legal o no. La patronal Foment del Treball presentó a finales de noviembre una demanda contra el sindicato porque considera que el paro del 8-N tenía "motivaciones políticas" y por tanto fue "ilegal". La patronal exige una indemnización de un mínimo de 100.000 euros por daños y perjuicios ocasionados al tejido empresarial. En rueda de prensa este viernes, el abogado de la Intersindical-CSC, Màrius Lleixà, ha exigido a Foment del Treball que rectifique y les ha acusado de perseguirlos por la "tendencia independentista" del sindicato y de "querer impedir" su "normal funcionamiento" con una "multa estratosférica" que no pueden asumir. Por otra parte, en declaraciones a la ACN, el director de Relaciones Laborales de Foment del Treball, Javier Ibars, ha asegurado que mantendrán la denuncia y ha negado tener "este tipo de intereses". Ibars ha defendido que con la demanda quieren "proteger los intereses empresariales y el cumplimiento de la normativa".
La cantidad exigida por Foment del Treball es "mínima y orientativa" pero podría incrementarse "en base a lo que se determine en fase probatoria", ha remarcado Ibars. "Es muy difícil predeterminar el coste pero sí se debería indemnizar por los daños provocados por los cortes de carreteras y ferroviarios, por las personas que no pudieron ir a trabajar, entre otros", ha argumentado Ibars. También ha enfatizado que el dinero, en caso de que Foment fuera indemnizada, iría a "inversión en la mejora del tejido empresarial y formación". Desde la Intersindical-CSC, lo ven una manera de intentar liquidar su organización y han hecho un llamamiento a las fuerzas políticas para que "reaccionen" y les apoyen ante un "grave ataque del derecho de huelga de los trabajadores de nuestro país", en palabras del vicesecretario del sindicato, Sergi Perelló. "El triunfo de la demanda supondría uno de los recortes en derechos laborales más grandes después de la dictadura", ha espetado Perelló. Lleixà ha avanzado que en caso de que el TSJC declare "ilegal" la huelga, recurrirán a instancias superiores. "Si es necesario llegaremos al Tribunal Constitucional", ha asegurado. En el escrito presentado por la patronal a la Sala Social del TSJC, argumentan que la convocatoria tiene claras "motivaciones políticas" y no laborales; aducen que no se respetaron los plazos de convocatoria y aseguran que la Intersindical-CSC no tiene "legitimidad" para convocar una huelga general cuando sólo representa al 0,4% de los trabajadores. La Intersindical-CSC rechaza estos argumentos y critica su "falsedad". Lleixà también ha reiterado que el paro del 8-N fue convocado por motivos estrictamente laborales y ha acusado a Foment de "abuso jurisdiccional" por insistir con la demanda a pesar de que el TSJC desestimara las medidas cautelares para suspender la huelga, previas a la presentación de la demanda. Desde Foment recuerdan que el alto tribunal no se pronunció sobre su legalidad o no, que es lo que hará después de la vista pública del 28 de febrero.