El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha decidido mantener en prisión incondicional sin fianza a Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. En cambio, ha acordado libertad bajo fianza de 100.000 euros para los otros consejeros destituidos: Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs y Carles Mundó. El magistrado considera que no hay riesgo de fuga pero considera que, en el caso de los cuatro investigados que deja en prisión, cree que hay riesgo de reiteración delictiva. En la resolución, remarca que las aportaciones que van los investigados que mantiene en prisión están "directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a los que se vean afectados por ella". La fianza fijada es el doble de la que tuvo que pagar Santi Vila para salir de la prisión (50.000 euros) pero menor a la impuesta a Carme Forcadell (150.000 euros).
Llarena tomó declaración a los ocho consejeros destituidos, Sànchez y Cuixart el viernes pasado y anunció que su decisión no llegaría hasta el lunes. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Jordi Rull y Carles Mundó están ingresados en la prisión de Estremera desde el pasado 2 de noviembre, mientras que Dolors Bassa y Meritxell Borràs ingresaron el mismo día en Alcalá-Meco. Por lo que respecta a los 'Jordis', ingresaron en Soto del Real el 16 de octubre. Después de las declaraciones del viernes, la Fiscalía pidió mantener la prisión incondicional para todos ellos. A primera hora de la mañana han ido llegando al Tribunal Supremo algunos de los abogados de los investigados, como Jordi Pina, que representa a Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez, o Marina Roig, que defiende a Jordi Cuixart. También se ha presentado Javier Ortega, abogado de Vox, que ejerce la acusación popular. El abogado de los consejeros destituidos de ERC, Andreu Van den Eynde, no ha venido al Supremo y no está previsto que este lunes vaya a la prisión de Estremera. Una vez Llarena ha decidido imponer fianzas se inicia todo un proceso para que seis de los investigados puedan salir de la prisión. Los abogados deberán aportar las fianzas impuestas y una vez el Supremo las consigne a una cuenta de depósitos del alto tribunal, un funcionario puede llevar directamente la orden de libertad a las prisiones o hacerlo a través de los juzgados de guardia correspondientes. Fuentes del Supremo han explicado que optarán porque un funcionario del alto tribunal lleve la resolución directamente a las prisiones. Estos traslados los debe hacer personalmente un funcionario, no se pueden hacer telemáticamente. En el caso de los miembros de la Mesa del Parlamento investigados, Llarena impuso una fianza de 150.000 euros para Forcadell y 25.000 euros para Anna Simó, Lluís Corominas, Lluís Guinó y Ramon Barrufet. A Joan Josep Nuet lo dejó en libertad sin medidas cautelares.
