El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha denegado el traslado de Oriol Junqueras a una prisión catalana, tal y como había solicitado su defensa esta misma semana. Además, también se opone a dejarlo salir de la prisión para asistir a los plenos. Su abogado había pedido permiso para que pudiera ir, presencialmente, al pleno de constitución del Parlamento –previsto para el 17 de enero- y también al posterior que se celebre para investir al presidente. El juez dice que tanto Junqueras como Joaquim Forn y Jordi Sànchez deben poder acceder a su condición de parlamentarios, pero que corresponde a la Mesa del Parlamento establecer la fórmula a través de la cual pueden delegar su voto en otro diputado. El juez afirma que este procedimiento se hará de esta manera siempre que lo soliciten y hasta que estén en prisión.
En una interlocutoria de 14 páginas, Llarena pone en juego el derecho a la representación política y la prisión preventiva por riesgo de reiteración delictiva. Según él, no hay ningún precepto legal que priorice el derecho de representación política frente a otros derechos. Solo se puede privar totalmente de este derecho a los condenados con sentencia firme o a los procesados por delito "cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes". Llarena dice que Junqueras no está procesado, pero lo incluye en este último apartado, porque está acusado de rebelión. Por ello, no le prohíbe el derecho a la representación política, pero lo limita a las votaciones en el pleno para que no se altere la voluntad popular. Ante la petición de ingresar en una prisión catalana que hizo su abogado para facilitar la salida y traslado los días que haya pleno, el magistrado dice que el gran apoyo que tienen los líderes encarcelados y el hecho de conocerse lugar y hora de salida y llegada podría generar un "grave enfrentamiento ciudadano". Por ello, tiene en cuenta el precepto del Reglamento del Parlamento que permite delegar el voto a los diputados que tengan una "incapacidad prolongada debidamente acreditada". Según Llarena, esta incapacidad también puede ser legal, y por ello insta a la Mesa del Parlamento a articular mecanismos para que puedan delegar el voto en otro diputado, pero prohíbe el voto telemático debido a las restricciones internas de las prisiones. Según Llarena, el riesgo de reiteración delictiva sigue vigente porque Junqueras mantiene su condición de representante político y la posibilidad de que "su liderazgo vuelva a manifestarse con movilizaciones ciudadanas colectivas violentas y enfrentadas al marco legal de convivencia". Así, considera que el líder de ERC ha "desatendido órdenes judiciales" y ha "llamado a la ciudadanía a replicar masivamente su desobediencia". También dice que "se ha impulsado que importantes sectores de la población resistieran o se enfrentaran a una nutrida actuación de los cuerpos de seguridad del estado; no ha faltado una explícita jactancia de su determinación y perseverancia, así como de no someterse a las normas más básicas de convivencia, apelando a una ruptura estructural". Por ello, considera que "el sustrato de riesgo subsiste hoy, se visualiza tanto por un extendido apoyo social a los investigados que han huido" como por haberse "impulsado movilizaciones de decenas de miles de ciudadanos que rechazan explícitamente las medidas cautelares adoptadas en este procedimiento". Por todo ello, deniega la petición de traslado a una prisión catalana, "sin perjuicio de que la reclamación pueda ser cursada a la autoridad penitenciaria competente". Declara la incapacidad legal prolongada de Junqueras, Forn y Sànchez e insta al Parlamento a habilitar mecanismos para que puedan votar por delegación.
