El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena hará pública este lunes su decisión sobre si deja en libertad a los ocho consejeros destituidos que están ingresados en prisión, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultura, Jordi Cuixart. Todos ellos declararon ante Llarena el viernes y, una vez terminaron sus comparecencias, la Fiscalía pidió que se mantuviera la medida de prisión incondicional para todos ellos, porque considera que no ha percibido ningún "indicio de sometimiento a la legalidad vigente" y que aún existe riesgo de destrucción de pruebas. En caso de que el juez acordara la salida de la prisión, con o sin fianza para todos o algunos de ellos, ésta se produciría pocas horas antes del inicio de la campaña electoral del 1-O. La mayoría de encarcelados son candidatos.
Jordi Sànchez y Jordi Cuixart ingresaron en la prisión de Soto del Real el pasado 16 de octubre por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Los ocho consejeros destituidos en aplicación del artículo 155 fueron enviados a prisión por Lamela el 2 de noviembre. Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Carles Mundó y Joaquim Forn ingresaron en la prisión de Estremera, mientras que Dolors Bassa y Meritxell Borràs lo hicieron en Alcalá-Meco. El Supremo se hizo cargo de las causas contra los consejeros destituidos y los 'Jordis' el pasado 24 de noviembre, acumulándolas así a la que ya tenía abierta contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros soberanistas de la Mesa. La Audiencia Nacional continúa instruyendo la investigación contra el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y la intendente Teresa Laplana. Una vez el Supremo tomó la decisión, las defensas movieron ficha y todas ellas presentaron escritos para solicitar que pudieran volver a declarar y revisar la medida cautelar de prisión incondicional. La declaración tuvo lugar el viernes y el juez anunció la decisión para este lunes. Después de las declaraciones, el abogado Jordi Pina, que representa a Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez, explicó que los consejeros destituidos acataron ante el magistrado la aplicación del artículo 155 y aseguraron que actuarán dentro de la Constitución. En este sentido, explicaron que los consejeros del Gobierno Puigdemont añadieron que tienen la voluntad, si salen elegidos o gobiernan, de actuar "dentro de los márgenes constitucionales y de la legalidad vigente", con "diálogo con el gobierno español y respeto a la democracia y la legalidad vigente". Los consejeros afirmaron, según Pina, que la Constitución "puede ser modulable y, dentro del diálogo y el respeto entre todos al marco constitucional, se pueden conseguir finalidades políticas". En cambio, la Fiscalía mantuvo la petición de prisión incondicional para los diez investigados. El ministerio público considera que en las declaraciones no se "infirió ni un indicio de sometimiento a la legalidad vigente". También cree que no han modificado su voluntad. "La fórmula de acatamiento del artículo 155 de la Constitución no ha implicado el reconocimiento de ningún cambio", afirmó a través de un comunicado. También sostiene que el riesgo de destrucción de pruebas "se mantiene" y, en este sentido, recordó el episodio de la incineradora de Sant Adrià de Besòs cuando agentes de la policía española interceptaron agentes de los Mossos que supuestamente querían eliminar documentación que estaría relacionada con el 1-O. En el caso de los miembros de la Mesa investigados, después de las declaraciones el juez impuso una fianza de 150.000 euros para Carme Forcadell y 25.00 euros para el resto de investigados, a excepción de Joan Josep Nuet. Todos ellos asumieron la aplicación del artículo 155 y descartaron la vía unilateral.
