El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha reclamado un reglamento sobre seguridad y protección para los Agentes Rurales después de que un cazador acabara con la vida de dos agentes el pasado mes de enero en un coto de Aspa (Segrià). A raíz de los hechos, Ribó abrió una investigación que ha resuelto con la recomendación de que el Parlamento elabore una ley de caza propia, de acuerdo con el modelo normativo y político que previamente se haya debatido y acordado. Según Ribó, este reglamento debería ir acompañado por un traspaso de competencias por parte del gobierno del Estado a la Generalitat en este ámbito. En cuanto a su contenido, el Síndic cree que deberían desplegar todas las cuestiones relativas a las medidas de seguridad y que definan en qué situaciones debería determinarse la necesidad de llevar armas o no y qué tipo de armamento. El reglamento aún no se ha aprobado a pesar de ser una larga reivindicación del cuerpo, motivo por el cual Ribó ha pedido que se haga "con diligencia".
El Síndic constata que en los últimos años están aumentando las situaciones de riesgo para los agentes rurales porque desarrollan una "función coercitiva" y no disponen de una prevención de riesgos laborales adecuada. Así, desde 1990 hasta mediados de febrero de 2017, se han recogido y documentado un total de 235 incidentes por agresiones, desobediencias y situaciones de violencia en general, aunque los agentes aseguran que han sido "muchas más", según el Síndic. En una resolución, el Síndic también se ha hecho eco de la descoordinación detectada entre las fuerzas de seguridad implicadas y constata que entre el Cuerpo de Agentes Rurales y los Mossos d'Esquadra no hay un protocolo ante las inspecciones y el control sobre los permisos de arma, aunque sí lo hay en la ejecución de las funciones respectivas. En cuanto a la Guardia Civil, el Síndic dice que es el propio cuerpo armado el que preside y rige las relaciones entre los diferentes cuerpos de seguridad pero sin que haya un protocolo específico sobre intercambio de información en relación con la trayectoria que experimenta la licencia de armas concedida. Con relación a esta falta de coordinación, el Síndic propone que en el marco de la próxima Junta de Seguridad se elabore un protocolo concreto y específico en materia de inspecciones y controles sobre permisos de armas que prevea el intercambio de información entre el Ministerio del Interior, el Departamento de Interior y el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca. Además, en cuanto a la expedición de licencias de armas, recomienda que en el marco de esta misma junta de seguridad se proponga un seguimiento de oficio de las condiciones psicosanitarias de los titulares de los permisos y las licencias de armas que se otorgan para cinco años. Del mismo modo, considera que sería necesario endurecer los criterios para obtener y renovar las licencias. Así, propone que los informes de aptitudes psíquicas y físicas para la obtención de licencias de armas sólo se puedan expedir en centros autorizados específicamente con esta finalidad y, además, sea necesario aportar un informe complementario de reconocimiento psicológico efectuado por un psicólogo y/o psiquiatra de la Seguridad Social.
