El secretario general del Ayuntamiento de Tarragona, Joan Anton Font, ha respondido a la carta que el Estado está enviando a los funcionarios municipales alertando de que su participación en el 1-O puede tener consecuencias. En la misiva, dirigida al secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Font señala que la carta a los funcionarios "se parece más a una amenaza que a una oferta colaborativa". También pide "que no sometan a presión la actuación de secretarios e interventores", ya que esto "sólo puede afectar negativamente" al ejercicio de sus funciones con objetividad, neutralidad e imparcialidad. La AMI ha hecho pública la carta de Font y ha apuntado que puede servir de modelo para que los ayuntamientos articulen su respuesta al Estado.
En la carta, el secretario general de Tarragona manifiesta su "sorpresa" por una carta que incluye "una interpretación de una norma inexistente". Además, lamenta que se ponga en duda la correcta actuación del colectivo de secretarios e interventores, y que, en lugar de tranquilizarlos o intentar protegerlos, se les pone en el centro de atención. "Crea una sensación que en nada beneficia a una actuación imparcial y neutral", apunta.
Font también ve que en la carta firmada por el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, se otorga a los trabajadores unas funciones que no les corresponden, desde la formación del censo a la designación de secciones, locales y mesas electorales. "Escaso o nulo papel tenemos en estas decisiones", explica Font.
En otro punto, responde sobre la colaboración que el Estado pide a los funcionarios para asegurar el cumplimiento de la legalidad constitucional y preservar los fondos públicos: "en nuestro ordenamiento jurídico no existe la advertencia de ilegalidad y, en el dudoso caso de que participemos en alguna actuación relacionada con un futurible referéndum, como mucho tenemos la opción de informar sobre la legalidad de la actuación, en caso de que así se nos requiera por parte de los órganos municipales competentes".
Font rechaza que los secretarios actúen en dependencia a la Administración General del Estado y recuerda que actúan bajo criterios de independencia jerárquica y funcional en el ejercicio de sus funciones. En esta línea, repasa el código ético profesional del colectivo, donde destaca la defensa de los valores democráticos, el cumplimiento de la legalidad o la neutralidad e imparcialidad política. El secretario general del Ayuntamiento de Tarragona cierra la carta diciendo que actuará de acuerdo con estos principios.