El PSC reclama celeridad en la adjudicación de la Renta Garantizada de Ciudadanía a los reusenses que la necesitan

El grupo municipal socialista defenderá una moción en el Pleno de este lunes instando a la Generalitat a acelerar el proceso de tramitación y de adjudicación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, aprobada en julio de 2017 por todos los grupos políticos con representación en el Parlamento. Según ha declarado el grupo municipal su finalidad es la de asegurar los mínimos de una vida digna a las personas y unidades familiares que se encuentran en situación de pobreza. El PSC recuerda que medio año después de su puesta en marcha, y según los datos facilitados por la Generalitat, en el mes de febrero de 2018, 20.334 personas que han pedido cita previa para tramitar la renta garantizada, entre ellas muchos reusenses, aún están pendientes de ser atendidas. Se han abierto 36.000 expedientes, de los cuales se están resolviendo unos 4.000 (un 5,3% de los expedientes). Por lo tanto, podemos afirmar que hasta febrero, aún más de 51.000 personas estaban esperando una resolución por parte del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, bien para concertar una cita previa o para que su expediente sea resuelto. Andreu Martín, portavoz del grupo asegura que si bien es cierto que aquellas familias que cobraban la Renta Mínima de Inserción han pasado a cobrar automáticamente la renta garantizada de ciudadanía, "la gran mayoría de los nuevos beneficiarios que la solicitaron a partir del 15 de septiembre de 2017 están aún a la espera de resolución y esta falta de celeridad agrava la situación de falta de ingresos de estas personas". Para Martín, "estamos ante un hecho grave de incumplimiento por parte del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de una Ley aprobada, negociada y consensuada con todos los partidos políticos y las entidades que forman parte de la Comisión Promotora". Por eso considera que "hay que poner todos los recursos necesarios para hacerla eficaz y efectiva, más aún si tenemos en cuenta que tanto la fecha de inicio de la Ley como los plazos para la resolución de los expedientes fueron acordados con los/las responsables del Departamento". Hoy en día, siguen siendo los Ayuntamientos quienes dan respuesta efectiva mediante prestaciones de carácter social a los beneficiarios/as potenciales de la renta garantizada de ciudadanía. Cabe recordar que por este motivo, el grupo parlamentario Socialistas y Unidos para Avanzar, junto con representantes de varios ayuntamientos de Cataluña, ha reclamado al Síndic de Greuges que realice un informe sobre la implantación de la renta garantizada desde el 15 de septiembre hasta la actualidad y que facilite todo el asesoramiento necesario a aquellos/as que han visto vulnerados sus derechos por el incumplimiento de los plazos por parte de la administración. 20 alumnos por clase Una segunda moción socialista pide instar al departamento de enseñanza a realizar un estudio, con carácter urgente, que determine si la propuesta de oferta de grupos resultado de los acuerdos del departamento de Enseñanza y el gobierno municipal desde el curso 2012-2013 a la actualidad perjudica a determinados centros escolares, la calidad de la educación, la equidad en la admisión de alumnado y la lucha contra la segregación escolar en la ciudad. Por otra parte, también insta a la Generalitat a aplicar en la ciudad la ratio que está aplicando al conjunto de Cataluña con el objetivo de los 20 alumnos por grupo y que atienda a las resoluciones formuladas por la Comisión de Enseñanza del Parlamento de Cataluña, las recomendaciones del Síndic de Greuges de Cataluña y diferentes las mociones aprobadas por el Parlamento para resolver la situación de segregación escolar en la ciudad. Andreu Martín, que ha recordado que el PSC ha pedido un Pleno extraordinario para debatir todos estos temas que afectan a la calidad de la educación en la ciudad, explica que "la 'dudosa' necesidad de cerrar grupos en nuestra ciudad contrasta con la realidad del conjunto de Cataluña donde este curso se abrieron 52 grupos de P3 más que el curso anterior en la escuela pública. A pesar de la reducción de alumnado en casi todas las etapas, el Departamento de Enseñanza de la Generalitat abrió más aulas para rebajar las ratios". Para el portavoz, esta ratio diferencial que penaliza a los centros educativos en Reus "no sólo tiene un efecto en la calidad educativa por la menor atención individualizada al alumnado sino que agrava la ya dramática segregación escolar en varios centros educativos y la acentúa".