La candidata socialista Rosa Maria Ibarra ha explicado este domingo que si Miquel Iceta es elegido presidente de la Generalitat "su Gobierno aumentará las medidas para combatir el fraude y la evasión fiscal con el objetivo de dotar de manera suficiente los servicios públicos y garantizar el progreso social y económico de los catalanes y catalanas. Con estos ingresos, y gastando de manera más eficiente, estamos seguros de que podremos recuperar el nivel de gasto en servicios públicos que habíamos ejecutado los socialistas antes de que el señor Mas y sus socios iniciaran los recortes sociales", ha explicado.
Asimismo, el PSC propone también impulsar una reforma fiscal orientada a lograr un sistema impositivo más justo y progresivo que nos permita incrementar los ingresos fiscales propios (IRPF, sucesiones y donaciones, impuesto de patrimonio y fiscalidad verde).
Según ha explicado Ibarra, "no estamos ante ningún tema menor, en absoluto. Según nuestras estimaciones, como mínimo, cada año se evaden unos 1.500 millones de euros de la provincia de Tarragona y unos 16.000 millones del conjunto de Cataluña."
Para hacernos una idea de lo que supone esto tan solo hay que recordar que la recaudación de estos ingresos generados en el país permitiría cubrir el 90% de la factura sanitaria.
"Pues bien, esta evasión fiscal implica que quienes sí pagamos impuestos tenemos que pagar más para poder mantener los servicios públicos. Aquí en Tarragona, según nuestros cálculos, esto supone una sobrecarga de 926 euros más al año para el común de los ciudadanos", ha denunciado la candidata socialista.
Con un Gobierno socialista "no habrá amnistías para los delincuentes fiscales. Habrá más inspecciones, sentencias y condenas para los insolidarios que se atrevan a robar a los ciudadanos de este país defraudando impuestos y poniendo sus millones en los paraísos fiscales en el extranjero", así de contundente se ha manifestado la candidata del PSC.
También relacionado con el programa económico y fiscal, Rosa Maria Ibarra ha explicado que para combatir el abuso y la explotación laboral el Gobierno socialista pondrá en marcha un plan especial de inspección laboral que perseguirá y sancionará las prácticas empresariales abusivas que también hacen competencia desleal a las empresas que sí cumplen con el convenio colectivo y cotizan todas las horas de trabajo, para conseguir regularizar hasta 100.000 contratos de trabajo actualmente precarios o en situación irregular en el conjunto del país.
