El pleno del lunes abordará un informe del Secretario Municipal para que Laia Estrada cese como consejera en el Ayuntamiento de Tarragona. El orden del día del próximo pleno -que se realizará el próximo lunes día 26 de febrero- recoge en el último punto que "Tomar conocimiento de la Sentencia número 770/2017, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y que por auto de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Tarragona se ha declarado la firmeza de esta sentencia que tiene como consecuencia que la consejera, Sra. Laia Estrada Cañón, se encuentra en una causa de incompatibilidad que conlleva el cese y declarar la vacante".
La causa de este hecho rige por el llamado caso Bershka. Laia Estrada y dos personas más han sido condenadas a tres meses de prisión -que no cumplirán- y a inhabilitación al derecho de sufragio pasivo durante el mismo período.
La concejala de la CUP manifestó en su momento que sólo dimitiría si la sentencia firme así lo indicaba; pero la condena de prisión para Estrada es incompatible con el hecho de mantener el acta de concejala.
La CUP denuncia la vendetta del equipo de Ballesteros contra la consejera Estrada
Ante la decisión del gobierno de incluir en el orden del día del próximo Consejo Plenario una propuesta de alcaldía que pretende declarar incompatible la sentencia del Caso Bershka de Laia Estrada con su cargo de consejera, la CUP denuncia que detrás de esta decisión hay una interpretación absolutamente sesgada de la ley que sólo responde a intereses políticos. El grupo político denuncia que estamos ante una "persecución política de primer orden con instrumentos de presión por parte del PSC y el PP".
Desde la CUP se recrimina que los partidos políticos promotores de la iniciativa sólo pretenden "quitarse de encima a una concejala del plenario por sus discrepancias políticas". La CUP considera que se trata de un hecho extremadamente grave que sólo responde a la vendetta del alcalde y su equipo contra la portavoz de la formación que la ha sentado ante los tribunales por el Caso Inipro, que ha cuestionado los "proyectos estrella" del gobierno como los Juegos del Mediterráneo de 2017 (ahora 2018) o el plan urbanístico de la Budellera y ha denunciado reiteradamente la opacidad de las empresas municipales y del conjunto del Ayuntamiento así como el nefasto funcionamiento interno, entre otros.
Para la CUP, la actitud del alcalde demuestra que en el Ayuntamiento hay instalado un gobierno caciquista, déspota y autoritario.