El pleno de Barcelona pide la dimisión de Rajoy por las cargas policiales

El texto aprobado "denuncia y condena" la actuación de los responsables del operativo desplegado por los cuerpos policiales del Estado, policía española y Guardia Civil, así como de todos aquellos partidos políticos y entidades que "de forma directa o indirecta le han dado cobertura". Así, reclama la dimisión de los máximos responsables políticos del operativo policial, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy; el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido; el delegado del gobierno español, Enric Millo, y el subdelegado del gobierno en Barcelona, Emilio Ablanedo. También se incluye aquí el cese del responsable directo del operativo, Diego Pérez de los Cobos. Asimismo, el pleno exige la retirada inmediata de todos los cuerpos policiales y "represivos" que el Estado mantiene en Cataluña, y rechaza "la escalada represiva" contra el pueblo catalán. El texto cree que la "suspensión de la autonomía" practicada en los últimos días es un "golpe de estado encubierto" contra los catalanes Además de mostrar su solidaridad con los heridos, la proposición también reclama al Estado el resarcimiento de todos los daños sufridos, ya sea a personas o a equipamientos y espacios públicos y privados. También felicita la organización del referéndum y todos aquellos ciudadanos que lo hicieron posible "a pesar de las agresiones sufridas". El texto concluye dirigiéndose al gobierno español para que respete y reconozca el "mandato democrático que emana del referéndum", pero también al ejecutivo municipal, para que se ponga a trabajar para dar respuesta a la voluntad expresada por la ciudadanía. Se reitera el apoyo a las instituciones catalanas y a las personas detenidas "por dar cumplimiento al mandato del pueblo de Cataluña". PDeCAT, ERC y la CUP presionan a BComú El presidente del Grupo Demócrata, Xavier Trias, ha cargado contra la "brutalidad" de la operación policial, que ha convertido España "en una vergüenza democrática a nivel de Europa". Tras criticar la complicidad de PSOE y Cs, ha constatado que a pesar de todo se votó y que el referéndum se hizo "pese a quien pese". Pero Trias también se ha dirigido a la alcaldesa, Ada Colau, y ha lamentado que se haya reunido antes con los cónsules que con los grupos municipales. "¿Qué papel tendrá el Ayuntamiento de Barcelona a partir de ahora?", ha preguntado. Desde ERC, el concejal Alfred Bosch ha constatado que lo que pasó el domingo fue un "asalto general a la ciudad de Barcelona". "Hubo una operación de castigo a gran escala deliberada, planificada y llevada a cabo con criterios de auténtico despliegue estratégico", ha denunciado. A su juicio, "el mejor respeto a las víctimas" y a las personas que votaron el 1 de octubre es escuchar su voz, "tomárselo en serio y actuar en consecuencia". Bosch también ha pedido a Colau que rompa con los socialistas. "Ustedes tienen un problema, que se dice PSC", ha dicho. El republicano ha cargado contra la equidistancia de los comunes, porque "no es lo mismo el 155 y la suspensión de las libertades que reconocer el mandato del pueblo de Cataluña". "No es lo mismo apoyar a los de la porra que a la abuela agredida", ha espetado. La concejala de la CUP Maria Rovira ha hecho un llamamiento a materializar el resultado del 1 de octubre "sin más dilación". Rovira ha subrayado que no se trata de una acción unilateral, sino que está contemplada en una ley aprobada por mayoría en el Parlament. La anticapitalista ha advertido que "no hay diálogo ni mediación posible con el que quiere aplastar y vulnera los derechos humanos, cuando unos están armados y los otros no". En este sentido, ha reclamado a los que dudan de la DUI que se sumen al "clamor mayoritario a favor de declarar la independencia después de conseguir dos millones de votos en condiciones represivas, con hostias delante de los colegios electorales". Cs también pedirá responsabilidades por el operativo policial La líder de Cs, Carina Mejías, ha reconocido que el domingo se vieron imágenes que nadie quería ver, pero ha subrayado que "el único culpable" es aquel que "se ha saltado la ley, que ha secuestrado el Parlament y ha tirado a los ciudadanos a la calle". "Todo esto es una farsa organizada por un colectivo de fanáticos populistas que han utilizado el referéndum para declarar unilateralmente la independencia", ha concluido. Mejías ha lamentado que la "torpeza" del gobierno español haya dado una excusa a los independentistas para presentarse como víctimas, pero ha rechazado la criminalización de los cuerpos policiales. Ha asegurado que pedirán responsabilidades por el operativo policial, pero también quieren saber quién dio la orden a los Mossos d'Esquadra de no actuar. "Ni unos ni otros actuaron bien. Unos porque incumplieron la ley y otros porque cumplieron órdenes equivocadas", ha apuntado. El presidente del grupo municipal del PPC, Alberto Fernández Díaz, ha hecho una referencia al nazismo para valorar la proposición, ya que condena la actuación policial del domingo y todos los partidos políticos y entidades que le dieron cobertura. "Si usted cree que la mejor forma de encarar el futuro de Cataluña es que desde la estelada se señale a aquellos que no piensan como ellos esto ya lo hacían otros con la estrella de David. Por mucho que nos señalen los independentistas no nos atemorizarán ni daremos un paso atrás en la defensa de nuestras ideas y convicciones. No nos callarán", ha advertido el popular dirigiéndose a Xavier Trias. Fernández Díaz ha admitido que no le gustan las imágenes de violencia del domingo, pero también ha lamentado que algunos las manipulen y las exageren. El socialista Jaume Collboni ha condenado la desproporción de la actuación policial, y ha lamentado que esto se haya podido aprobar en la Diputación de Barcelona y en el Área Metropolitana con una iniciativa conjunta de todos los grupos excepto PPC y Cs, pero que no haya sido posible hacerlo en el Ayuntamiento. A pesar de no apoyar el referéndum, ha opinado que la respuesta del Estado fue "desproporcionada, un error cruel y una demostración más de impotencia que de legitimidad". Collboni ha apuntado que la responsabilidad es política y operativa, no de los agentes, y ha rechazado las imágenes donde se estigmatizaban policías y guardias civiles. "No estamos ni en el 'a por ellos' ni tampoco en el 'Roma no paga traidores'. Tenéis que romper esta espiral vertiginosa. El diálogo sin legalidad es estéril. La legalidad sin diálogo es ineficaz", ha concluido. El primer teniente de alcaldía, Gerardo Pisarello, ha explicado que comparten parte de la proposición, pero a la vez ha advertido que "no se puede acelerar a cualquier precio". "Hay tiempo para la mediación, para todas formas de mediación que sean posibles para detener la escalada de violencia. No es el momento de la precipitación pero no acelerar no significa renunciar a los anhelos de autogobierno", ha remarcado. Otras iniciativas sobre el 1-O que no han prosperado Después del debate de esta proposición, se ha debatido otra, en este caso presentada por el PSC. Ha obtenido el apoyo de BComú pero no ha prosperado porque el resto de grupos la han votado en contra. El texto condenaba los "lamentables y tristes hechos de la jornada del 1 de octubre, así como la desproporcionada actuación policial contra la población civil pacíficamente movilizada". También apostaba por una salida "dialogada al conflicto" y avisaba que "sólo mediante el acuerdo y el pacto es posible resolver un problema de naturaleza política que, ni el gobierno de la Generalitat ni el central han sido capaces de solucionar". No se ha llegado a leer una declaración institucional que había presentado BComú sobre los hechos del domingo, pero que no ha sido suficiente como para obtener el apoyo de los independentistas. El texto condenaba la actuación "desproporcionada y violenta" de la Guardia Civil y de la policía española. También reprobaba el gobierno del Estado y especialmente Mariano Rajoy, de quien exigía su dimisión "como máximo responsable político de la estrategia de confrontación y de represión violenta de las movilizaciones pacíficas de la ciudadanía de Cataluña", pero también por su "incapacidad manifiesta y falta de voluntad para resolver políticamente los conflictos de cariz político". Asimismo, instaba a las instituciones a negociar una salida política a la situación actual que "reconozca las justas y legítimas aspiraciones de la inmensa mayoría del pueblo de Cataluña".