El plazo de la fianza de Mas, Ortega, Rigau y Homs termina el jueves a medianoche

El expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega, y los exconsellers Francesc Homs e Irene Rigau tienen hasta la medianoche de mañana, jueves 15 de noviembre, para depositar los 3 millones de euros de fianza restantes que les reclama el Tribunal de Cuentas por los gastos de la consulta del 9 de noviembre de 2014. La suma total de lo que exige es de 5,2 millones de euros, pero todos ellos ya ingresaron 2,2 millones de euros de la fianza, el pasado 16 de octubre y pidieron una ampliación del plazo para acabar de consignar el resto. El plazo termina el jueves a medianoche y, si no se deposita la cantidad restante, el Tribunal de Cuentas embargará sus bienes. En caso de que el resto de investigados no ingresen las cantidades que les corresponden, el órgano considera a Mas como máximo responsable y, por tanto, será él la persona que tendrá que hacer frente a la cantidad total. El 25 de septiembre pasado el órgano fiscalizador comunicó a Mas que debía depositar una fianza solidaria de 5,25 millones por el gasto ocasionado a las arcas públicas en la organización de la consulta del 9-N. La exigencia de fianza afecta también a los otros condenados penalmente por un delito de desobediencia con motivo del 9-N. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas considera a Mas como máximo responsable y, por tanto, la persona que deberá afrontar el total de esta cantidad en el caso de que el resto de los investigados no ingresaran las cantidades que se les asignan. Las cantidades a las que deberían hacer frente cada uno de los investigados son 3.044.399 euros para Rigau, por la adquisición de ordenadores para la consulta; 2.127.580 a Homs, por gastos del departamento de Presidencia relacionados con la consulta; y 839.439 euros a Ortega, por partidas del departamento de Gobernación. Acciones por el 1-O Este mismo tribunal tiene sobre la mesa otros procedimientos contra actuaciones de la Generalitat. En concreto, sobre los gastos ocasionados por el referéndum del 1-O. El secretario de Estado de Hacienda del gobierno español, José Enrique Fernández Moya, ha presentado una denuncia a la Fiscalía de este ente fiscalizador para que el Gobierno se haga cargo de los gastos de la organización del referéndum del 1 de octubre. Hacienda solicita que "se adopten medidas" contra el Gobierno y los responsables de la ANC y Òmnium para determinar "el importe de los daños causados al erario público" en la celebración del referéndum. Por otro lado, Hacienda también ha pedido a la fiscalía de este mismo tribunal que cite a los 200 alcaldes que viajaron el pasado 7 de noviembre a Bruselas para "denunciar la persecución judicial y política", también pide que se investigue a los presidentes de la AMI y AMC y a los eurodiputados Ramon Tremosa, Josep Maria Terricabras y Jordi Solé. El objetivo: comprobar que no se hayan usado dineros públicos para sufragar gastos del viaje. La petición se ha hecho justo esta semana y aún no hay ninguna citación fijada.