El PDeCAT denuncia "irregularidades destacadas" en las cuentas de la EMU

El grupo municipal del PDeCAT en la Paeria denuncia ante los Juzgados de Lleida irregularidades en relación con las cuentas de los últimos ejercicios de la Empresa Municipal de Urbanismo. Esta querella se extiende a personas físicas y jurídicas vinculadas a la EMU y al Ayuntamiento de Lleida, afirmando que podrían haber incurrido en delitos societarios, de falsedad documental mercantil y de tráfico de influencias. El portavoz del grupo, Toni Postius, explica que han detectado "alteraciones de los resultados de las cuentas anuales de 2014 en la presentación de las cuentas de 2015" en el Registro Mercantil y la aplicación de revalorizaciones de activos "completamente improcedentes" en las cuentas de 2015. Considera que se pretende "desvirtuar la realidad de la EMU y simular una situación de solvencia inexistente". En este sentido, apunta que la empresa se encontraba en "situación de quiebra" y que este hecho habría imposibilitado la concesión en 2017 de un crédito de 10,6 millones de euros por parte de la Paeria. Por esta razón, el PDeCAT presenta la denuncia contra una docena de personas físicas y jurídicas vinculadas a la EMU y al Ayuntamiento de Lleida y, aunque no facilitan las identidades afectadas, concretan que el paer en cap Àngel Ros no se encontraría entre estas. Por lo demás, Postius remarca que estas "irregularidades" podrían inferir en delitos y que no les gusta tener que emprender acciones legales al respecto. También explica que algunos concejales y otras personas designadas por el grupo que forman parte del consejo de administración de la EMU podrían tener que afrontar responsabilidades personales de carácter patrimonial y penal en caso de asumir estas presuntas irregularidades sin denunciarlas". El portavoz del PDeCAT se remonta a finales de 2015, cuando tuvo lugar una tasación de los activos de la sociedad municipal para actualizar sus valores y que determinó que estos se habían deteriorado en 40,1 millones de euros. Ante esta "grave" situación financiera de la empresa, el grupo municipal afirma que "se debería haber hecho una ampliación de capital o declarar la EMU en concurso de acreedores para buscar su viabilidad futura". En este sentido, consideran desfavorable que "se hayan destinado recursos públicos para evitar su quiebra cometiendo varias presuntas irregularidades" contables, las cuales se iniciarían con "las cuentas depositadas en el Registro Mercantil correspondientes a los años 2015 y 2016". Por otro lado, hacen constar otra presunta "irregularidad" referente a la "aplicación" de revalorizaciones "completamente improcedentes" a las cuentas de ejercicio de 2015 de la EMU "para simular una situación de solvencia inexistente, a fin y efecto de eludir el deber legal de los administradores de proceder a una ampliación de capital o disolver la empresa". Postius señala que la "alteración y manipulación" de los balances presentados en el Registro Mercantil se habría hecho una vez aprobadas las cuentas por parte de la Junta general de accionistas, de la cual forman parte todos los concejales municipales. En concreto, pasarían por "alterar" los resultados de las cuentas anuales de 2014 en la presentación de las cuentas de 2015 "para transmitir una imagen irreal y ficticia de la sociedad mercantil con la intención de dar la apariencia de un menor impacto de la depreciación de los activos como consecuencia de la tasación", "irregularidades que se volverían a reproducir en las cuentas depositadas en el año 2016", según el PDeCAT. Otra presunta "irregularidad" pasaría por la "aplicación" de revalorizaciones "completamente improcedentes" a las cuentas anuales en el ejercicio de 2015 de la EMU "para simular una situación de solvencia inexistente, a fin y efecto de eludir el deber legal de los administradores de proceder a una ampliación de capital o disolver la empresa". Postius ha señalado que la "alteración y manipulación" de los balances presentados en el Registro Mercantil se habría hecho una vez aprobadas las cuentas por parte de la Junta general de accionistas, de la cual forman parte todos los concejales municipales. El PDeCAT considera que estas supuestas "irregularidades" ya denunciadas habrían permitido al Ayuntamiento de Lleida la concesión en 2017 de un préstamo de 10,6 millones de euros a la empresa municipal cuando, dicen, "en condiciones normales y en vista de la situación de quiebra de la EMU, esta operación millonaria no hubiera prosperado en absoluto". En este sentido, Postius remarca que "se pone en riesgo de forma innecesaria la situación económica y financiera del propio Ayuntamiento de Lleida".