El segundo Plan de géneros y de igualdad de oportunidades del Ayuntamiento de Tarragona elaborado por la Consejería de Feminismos y LGTBIQ+ recoge la estrategia de la organización para lograr la igualdad real de género en el trabajo y tiene vigencia desde este año y hasta 2023. El nuevo Plan establece un conjunto de medidas que deben llevarse a cabo en el Ayuntamiento, de forma transversal, con las diferentes áreas municipales. Como diferencia respecto al anterior Plan de igualdad, aprobado en 2012, destaca el hecho de que en el nuevo plan la perspectiva de género se refiere a una mirada no binaria en la que se incluye al colectivo LGTBIQ+, incorporando acciones específicas. "El nuevo plan implica al conjunto de las trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento para que conjuntamente se convierta en un referente de la igualdad de género para el resto de la sociedad, también de las organizaciones públicas y privadas", ha explicado Carla Aguilar Cunill, consejera de Feminismos y LGTBIQ+.
El Plan de géneros y de igualdad de oportunidades del Ayuntamiento es resultado del diagnóstico previo que se ha llevado a cabo para captar la realidad interna de la organización en este ámbito. El diagnóstico previo recoge los puntos fuertes y las áreas de mejora, incluyendo la evaluación de las acciones desarrolladas al amparo del anterior Plan de Igualdad.
El nuevo Plan establece nueve ámbitos de intervención que parten del diagnóstico previo: política de igualdad de oportunidades; políticas de impacto en la sociedad, uso de un lenguaje y una comunicación corporativa inclusiva; representatividad de todas las personas; condiciones laborales; acceso, selección, promoción y desarrollo; conciliación de la vida personal, laboral y familiar; adopción de medidas de prevención de la salud y riesgos laborales con perspectiva de género y acoso sexual y por razón de sexo, de orientación y/o identidad sexual y expresión de género.
El nuevo plan se aprobó el pasado 20 de diciembre en el Pleno del Ayuntamiento de Tarragona. El marco legislativo actual establece que las administraciones públicas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, por tanto, deben elaborar y aplicar Planes de igualdad para alcanzar estos objetivos.
