El Juzgado de Instrucción Número 2 de Girona ha apartado a la empresa privada Girona SA de la gestión de Agissa y se la ha dado a los tres ayuntamientos. La medida cautelar se ha tomado atendiendo la petición del fiscal anticorrupción José Grinda, que investiga las irregularidades en el seno de la empresa mixta. A partir de ahora, los consistorios de Girona, Salt y Sarrià deberán nombrar a los nuevos administradores que tomarán las riendas de Agissa, y que serán quienes deberán informar periódicamente al juzgado. La decisión se ha tomado en una vista, celebrada en los Juzgados de Girona, donde han asistido los diferentes investigados. Atendiendo la petición de sus abogados, sin embargo, el juzgado les ha hecho tres concesiones: poder tener acceso a la información de Agissa como accionistas que son, poder presentar cuentas y optar a los beneficios que genere el servicio de aguas. La abogada de la CUP, Montse Vinyets, asegura que la medida cautelar "es una victoria" y que, de facto, supone un paso adelante hacia la municipalización del servicio.
La empresa Girona SA ya no administra la sociedad mixta Agissa, que se encarga de la gestión del agua y el saneamiento en Girona, Salt y Sarrià de Ter. El titular de Instrucción 2 de Girona, que investiga las supuestas irregularidades cometidas por los socios y directivos, ha apartado a la parte privada de la gestión. La medida cautelar, ordenada después de los registros que la Guardia Civil hizo la semana pasada, la había pedido el mismo fiscal anticorrupción, José Grinda. En la práctica, esto supone que Girona SA (que tiene el 80% de la sociedad) deja de hacerse cargo de Agissa y que es el juzgado quien pasa a administrarla, dándole la tutela a los tres consistorios (que ostentan el 20% restante). "A partir de ahora, pues, Agissa se encuentra bajo administración judicial y quien la tutelará serán los ayuntamientos de Girona, Salt y Sarrià de Ter", ha explicado la abogada de la CUP, Montserrat Vinyets. La medida cautelar retira, pues, todo el poder de decisión a Girona SA y supone que los tres consistorios deberán nombrar ahora a uno o más administradores. Serán ellos quienes, con el aval de los interventores municipales, llevarán la gestión diaria del servicio y del laboratorio de análisis que Agissa tiene en Montfullà. "Estos administradores serán quienes deberán rendir cuentas al juzgado, en el bien entendido de que él no se puede dedicar a la gestión del día a día de la sociedad", ha concretado Vinyets. Tres concesiones La medida cautelar se ha acordado en una vista donde han asistido todas las partes implicadas en el proceso. Es decir, el fiscal, la acusación particular (que ejercen los ayuntamientos), la CUP y las defensas de los investigados. El juez, sin embargo, sí que ha otorgado tres concesiones a los socios de Girona SA. De entrada, en calidad de accionistas, les permite tener acceso a la información de Agissa. Además, también les da opción de poder presentar las cuentas y, por último, participar en el reparto de beneficios. Para la abogada de la CUP, sin embargo, estas medidas tienen "poca relevancia". De hecho, Vinyets ya explica que Agissa es una sociedad "fuertemente endeudada" y que duda que pueda tener beneficios; además, la letrada también dice que mucha información a la que pueden acceder "ya la tienen por ser parte en el proceso" y que, a pesar de poder presentar cuentas, es el juzgado quien debe aprobarlas en última instancia. "Una victoria" hacia la municipalización Para la abogada, el hecho de que el juzgado pase a administrar Agissa y le dé la gestión a los tres ayuntamientos es "una victoria". "En el fondo, prepara mucho las bases para acabar con la municipalización del servicio; Agissa hasta ahora se había administrado muy al margen de los ayuntamientos, y ahora se les da capacidad de decisión", ha explicado Vinyets. El hecho de que los consistorios de Girona, Salt y Sarrià de Ter deban administrar la sociedad mixta y "tomar las riendas", según la abogada, permitirá avanzar en la decisión que deberá adoptarse a partir de 2020 (cuando termine la concesión). La medida cautelar dictada por el juzgado se puede alargar tiempo; de hecho, todo lo que dure el proceso judicial hasta llegar a tener sentencia. De momento, en el caso que investiga las irregularidades cometidas por Agissa hay siete investigados por delitos de administración desleal, apropiación indebida, falsificación y malversación de dinero público.
