Ya hay fecha para el juicio a la jefa de Organización y Gestión de la Diputación de Lleida, Marlen Minguell, y el coordinador de Nuevas Tecnologías, Gerard Serra. Ambos se sentarán finalmente en el banquillo de los acusados el próximo 22 de febrero por el caso de acoso laboral a dos funcionarios del ente provincial. El juicio tendrá lugar a las 9.30h en penal 2 de Lleida. El magistrado del juzgado de instrucción 4 de Lleida emitió una interlocutoria a principios de 2017 en la que declaraba la apertura de juicio oral contra ambos. La fecha de la vista ha tardado un año en fijarse porque la defensa de los acusados recurrió esta decisión, pero finalmente la Audiencia de Lleida ha desestimado el recurso y ha confirmado que se sentarán en el banquillo de los acusados. En la misma interlocutoria, el juez de instrucción fijaba una fianza de 179.200 euros para hacer frente a posibles futuras indemnizaciones que debían abonar conjuntamente los acusados o, de manera subsidiaria, la Diputación de Lleida, avisándoles de que si no lo hacían, se les embargarían los bienes. Esta cantidad fue abonada finalmente por el ente provincial.
La fiscalía considera probado el acoso laboral a los dos funcionarios por parte de Marlen Minguell y solicita que se le imponga un año y nueve meses de prisión por un delito de acoso funcionarial. La acusación particular de los funcionarios, representados por el abogado Pau Simarro, en cambio, los considera responsables a ambos y por tanto acusa a Minguell y Serra de los hechos y pide para cada uno de ellos cuatro años de prisión (dos por acoso laboral y dos más por un delito contra la libertad sindical). El juzgado consideró que había indicios de criminalidad en los hechos denunciados por el técnico informático y delegado sindical de la Central Sindical Independiente de Funcionarios, Josep Maria Veganzones y el ex interventor, Josep Mateu. Se acusa a Serra y Minguell de registrar los ordenadores de los funcionarios, a los que culpan de haber filtrado información confidencial a la prensa, y también de apartarlos finalmente de su puesto de trabajo, en octubre de 2015. La fase de instrucción terminó en abril de 2016 con la declaración del director de Recursos Humanos de la Diputación de Lleida, Alexis Guallar, y el coordinador de relaciones con los municipios, Joan Eroles. También declaró como testigo el presidente de la Diputación de Lleida, Joan Reñé, el 14 de diciembre de 2015. Según el abogado de los denunciantes, Pau Simarro, Reñé dijo que se cesó a Josep Jaume Mateu porque había "muchas quejas" de alcaldes que apuntaban que el ex interventor ponía muchas trabas en la tramitación de expedientes. Simarro ya aseguraba entonces, sin embargo, que la razón de la destitución fue que Mateu no quiso aprobar gastos de presidencia injustificadas como una cena de 1.050 euros en un restaurante de Barcelona o 4.000 dólares de un viaje a California. Mateu, que fue interventor de la corporación durante trece años (del 2000 hasta el 2013), consideró que no se acreditaba el interés público de la cena que se produjo dos días antes de las elecciones al Parlamento. El 14 de diciembre de 2015, además de Reñé, también declararon la jefa de servicio de Archivo, Teresa Ibars, y el jefe de servicio de Nuevas Tecnologías, Ramon Siuraneta. Según Simarro, ambos dijeron ante el juez que no creen que el cese de Mateu fuera causado por inoperatividad sino que el cese de Mateu fue un "castigo" por presentar varios informes en los que se recogían "irregularidades". Ibars añadió que ella misma estuvo un año de baja por depresión porque le hacían (principalmente Marlen Minguell y también el presidente Reñé) "mobbing" y mantenían hacia ella una actitud "prepotente" y "agresiva". Simarro recuerda también que el cese del interventor se produce sólo diez días después del 20 de septiembre de 2013, cuando Mateu presenta en un pleno hasta cinco informes escritos explicando irregularidades e incongruencias. En estos informes denuncia también el pago por parte de la Diputación de una multa de 900 euros impuesta al chófer del presidente Joan Reñé así como alteraciones en el control horario laboral de los funcionarios (horas de más que se pagan y no se hacen), asegura Simarro. El interventor de la Diputación de Lleida, Josep Jaume Mateu, fue cesado el 1 de octubre de 2013 por, según el ente provincial, revelación de secretos a raíz de unos documentos (entre ellos la factura de un restaurante) publicados en un medio de comunicación de Lleida en abril de 2014. Simarro sin embargo, negó que su cliente hubiera filtrado esta documentación a la prensa y destacaba que el cese se efectuó antes de la publicación. Según la interlocutoria, Mateu, desde que fue cesado de su puesto de trabajo, fue ubicado, por orden de Marlen Minguell, en un despacho en el que se había colocado un armario que tapaba la puerta que daba acceso al área de intervención. Además disponía de un mobiliario deteriorado y no se le facilitaron durante un año las herramientas informáticas que necesitaba para hacer su trabajo. En cuanto a Veganzones, el juez consideró que lo trasladaron en octubre de 2013, por orden de Gerard Serra, al complejo de la Caparrella, días después de que, como representante sindical del CSIF, enviara un correo dando su opinión sobre el cese del interventor. Una vez allí, recoge el escrito, se le suprimieron los permisos para acceder a las aplicaciones y bases de datos con las que hasta entonces contaba. Desde entonces, se le rebajaron los permisos a los mismos con los que cuenta un auxiliar administrativo y se le adjudicaron trabajos que no correspondían con su calificación profesional.