El juez del caso Inipro no ha tenido en cuenta la declaración de los cuatro testigos que probaron que los trabajadores de Inipro realizaron los trabajos para dinamizar el asociacionismo entre los inmigrantes en Tarragona por los que se facturó. Así se desprende del auto de apertura de procedimiento abreviado, después de que se haya cerrado ya la fase de instrucción del caso Inipro. En este auto en ningún momento se hace referencia a la declaración de los testigos, sino que se recogen todos los hechos desde que comenzaron a tener lugar los presuntos hechos delictivos hacia el verano de 2009 y hasta mediados de 2012, mientras duró la relación entre la empresa Inipro y el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) de Tarragona.
Los testigos, que declararon el pasado 19 de marzo de este 2018, eran dos trabajadoras de la Unidad Técnica de Inmigración y Ciudadanía (UTIC), una trabajadora del IMSS y la que era presidenta de la Asociación de Vecinos de Riu Clar en aquel momento. Una de las trabajadoras de la UTIC, de hecho, confirmaba ante el juez que mantenía relación laboral con personal de Inipro y participó en varios proyectos en los que también participaban los trabajadores de Inipro.
Estos testigos, sin embargo, no se recogen en el auto que cierra la fase de instrucción, que tuvo lugar el pasado 12 de septiembre. De hecho, después de que se haya cerrado esta fase continúan investigadas las mismas personas -menos Ricard Campàs que falleció el pasado 4 de octubre de 2016-, entre ellas el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, la portavoz del gobierno municipal, Begoña Floria, la ex concejala de Servicios Sociales, Victòria Pelegrín, y el ex jefe de gabinete de la Alcaldía, Gustavo Cuadrado.
