Unió de Pagesos (UP) ha convocado tractoradas el jueves 14 de marzo, entre otros lugares en Lleida, Girona y Tarragona, con concentraciones delante de las subdelegaciones del gobierno del Estado, para exigir medidas urgentes a favor del campesinado profesional. El sindicato calcula que estas suponen unos 300 millones de euros anuales para Cataluña. Las protestas se harán conjuntamente con otras en todo el Estado convocadas por el resto de organizaciones pertenecientes a Unió d'Unions d'Agricultors i Ramaders. En el caso catalán, también se reclamará una aplicación justa de la Política Agraria Común (PAC) en el estado español y un reparto justo y equitativo del valor añadido en la cadena alimentaria para conseguir que las rentas de los campesinos sean equiparables a las del resto de ciudadanos. UP exige al gobierno español y a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado la modificación urgente de las normas y la legislación para conseguir, entre otras cuestiones, el establecimiento como agricultor activo, en la aplicación de la PAC actual en el estado español, a aquel que obtiene menos, el 25% de los ingresos totales de las actividades agrarias, y una franquicia de 1.250 euros anuales para no excluir a los sectores sociales del mundo rural.
En el ámbito de la PAC actual, UP también reclama el establecimiento de prácticas equivalentes a prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente para que no sea obligatorio abandonar la capacidad productiva. Esto, si se tiene en cuenta que como consecuencia de la aplicación de las ayudas directas de la PAC aprobada por el ministerio, las únicas superficies consideradas de interés ecológico son el barbecho y los cultivos fijadores de nitrógeno.
En cuanto a la comercialización, el sindicato exige una regulación específica de venta a pérdidas en la cadena alimentaria que incorpore, además del precio de compra de los productos y servicios, los costes directos e indirectos de cada escalón de la misma cadena. Así, el establecimiento de la consideración de posición de dominio en la cadena alimentaria debería fijarse en una cuota del 8% del mercado.
El sindicato también pide un gasóleo profesional agrícola, ganadero y forestal de 0,021 euros por litro de impuesto especial de hidrocarburos, el mínimo establecido en la Unión Europea, así como la aplicación de un IVA reducido del 10% y la aplicación de este gasóleo a todos los usos profesionales de las explotaciones como la calefacción de las granjas e invernaderos o los vehículos afectos a la explotación.
Por otra parte, el sindicato considera necesaria la aplicación de un IVA reducido del 10% para el conjunto de bienes y servicios utilizados en la producción agrícola, ganadera y forestal, a excepción de los que ya se les aplica un IVA super reducido. En materia de cotizaciones, UP reclama la equiparación de las especialidades de cotización de los pequeños y medianos autónomos agrícolas, ganaderos y forestales, cuando estos contratan trabajadores por cuenta ajena sometidos a la cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios del Régimen General de la Seguridad Social.
El sindicato también exige la adecuación de los módulos del IRPF para los productos agrícolas, ganaderos y forestales, dado el establecimiento del Salario Mínimo Interprofesional en 12.600 euros para 2019 y el encarecimiento progresivo de las cotizaciones a la Seguridad Social para la contratación de trabajadores por cuenta ajena, así como el aumento del 10% de los gastos de difícil justificación en la estimación directa del IRPF para las personas agricultoras, ganaderas o silvicultoras.
Otro punto es la modificación de la Ley reguladora de las haciendas locales para que incorpore una reducción en la base imponible a las construcciones agrarias mediante un índice corrector en el ámbito municipal.
En cuanto a la situación de crisis en el sector de la avellana, UP reclama una aportación de presupuesto suficiente y la habilitación de la ayuda de Estado a superficies de frutos secos de 120,75 euros por hectárea para todos los titulares de explotaciones con avellano, así como el aplazamiento extraordinario en el pago de las cuotas de la Seguridad Social para todos los titulares de explotaciones con avellano en Cataluña, y la puesta en marcha de una línea de seguro experimental de rendimientos para el cultivo del avellano.