La Abogacía de la Generalitat prevé denunciar las agresiones que sufran los maestros aunque los afectados no quieran presentar la denuncia. Es una de las medidas del nuevo protocolo que ha terminado Enseñanza para prevenir, detectar y actuar ante situaciones de violencia a los trabajadores del Departamento que prestan servicio en centros educativos públicos y servicios educativos. Este documento establece una serie de herramientas y medidas por los daños causados a los docentes y trabajadores de Enseñanza por parte de terceras personas o miembros de la comunidad educativa. El director general de Profesorado y Personal de Centros Públicos, Ignasi García, ha subrayado que el "paso importante" de este nuevo protocolo es que se ha definido con "claridad" la posible intervención de la Abogacía de la Generalitat en caso de una agresión que requiera una denuncia y, en este sentido, se podrá personar al proceso judicial como acusación.
Según García, el objeto de este protocolo es la definición de un procedimiento de comunicación y actuación entre las diferentes unidades del Departamento de Enseñanza (dirección del centro de trabajo, Inspección de Educación, Asesoría Jurídica y servicio de prevención de riesgos laborales) ante situaciones de violencia, con el fin de prevenir, detectar, intervenir y minimizar sus consecuencias en el lugar de trabajo.
En este sentido, este protocolo aporta un circuito y modelos que permitan recoger la información necesaria para facilitar las actuaciones de las diferentes instancias y una gestión eficaz y eficiente de las situaciones de ruptura grave de la convivencia en el centro.
Se incluyen no sólo las agresiones, también amenazas, coacciones, injurias y calumnias contra el personal, que se produzcan dentro o fuera del centro educativo, y derivadas del ejercicio de sus funciones. No se incluye en este documento la violencia causada por el alumnado del propio centro, ni el acoso psicológico laboral o sexual, ni la violencia entre dos trabajadores del Departamento, casos para los cuales ya existen otras vías y protocolos de actuación.
García ha explicado que el protocolo establece los pasos a seguir por parte de todas las unidades y personas que intervienen como el inicio de las actuaciones por parte del trabajador, que comunica el hecho o la tarea de las direcciones de centros, apoyando al personal, adoptando las medidas necesarias e informando a las unidades encargadas de aplicar el protocolo. También tiene un papel la Inspección de Educación recibiendo y recogiendo la información y apoyando tanto al docente como al centro, además de proponer las actuaciones que correspondan. Asimismo, se establece la responsabilidad de las direcciones de los servicios territoriales, las unidades de prevención de riesgos laborales y la Asesoría Jurídica.
El protocolo se ha trabajado con los representantes sindicales en el marco de la Comisión Paritaria de Prevención de Riesgos Laborales entre sindicatos y Enseñanza.
