El equipo de gobierno de la Paeria ha defendido la transparencia y el buen gobierno que se ejerce en el Ayuntamiento, tal y como reconocen y acreditan los indicadores internacionales y nacionales que así lo miden. En el pleno extraordinario celebrado este viernes para debatir el informe de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, relativo al ejercicio de 2015 de la Paeria, la primera teniente de alcalde Montse Mínguez ha reiterado que no existe ninguna irregularidad y que se ha hecho un debate político de un debate técnico. "Tenemos la tranquilidad de que las cosas se han hecho bien y que los informes son correctos", ha insistido, "porque la Sindicatura ha hecho un trabajo laborioso mirando todo lo que necesitaba, incluso años muy atrás, y las recomendaciones que hace se han asumido y se seguirán trabajando".
Mínguez ha remarcado que la Paeria ha sido capaz de mejorar los mecanismos de transparencia y de buen gobierno, gracias al avance en las leyes y en las normativas internas, y que se han registrado índices altos al respecto. Sin rehuir del debate y de las explicaciones correspondientes, la teniente de alcalde ha apuntado que se pueden dar diferentes interpretaciones técnicas a las observaciones expresadas en el informe de la Sindicatura, pero en cualquier caso, ha añadido, "todas han sido consultadas y explicadas".
Los cuatro grupos que han forzado la convocatoria de este pleno extraordinario (CiU, ERC, Crida-CUP y Comú de Lleida) habían presentado 9 propuestas de resolución, dos de las cuales (introducidas por el Comú y la Crida-Cup, respectivamente) incluían la reprobación de Montse Mínguez, como responsables de los Recursos Económicos municipales, y del Gobierno, por su gestión económica. Sin embargo, de las 9, sólo ha prosperado una, la que instaba al gobierno municipal a agilizar el encargo de actualizar la relación de puestos de trabajos, con el objetivo de resolver las deficiencias detectadas en el Informe de la Sindicatura. Esta resolución ha recibido el apoyo unánime de todos los grupos, entre otras cosas porque esta tarea ya había sido encargada por el equipo de Gobierno, aunque ahora se insta a agilizarla.
En el debate, tanto Joan Vilella (PP) como Ángeles Ribes (Cs) han centrado sus intervenciones en la corrección que se había hecho durante este mandato de la figura del reconocimiento de crédito y cómo había ido reduciéndose la cifra de los 3,4 millones de euros de 2015, a los 780.000, de 2017. Una corrección de las cuentas municipales, que se había podido hacer gracias al papel fiscalizador de los grupos de la oposición, de los cuales todos juntos se podían congratular, según ambos portavoces. La misma Montse Mínguez ha calificado que este nivel de desviación presupuestaria (un 0,6% del total del Presupuesto General) podría tildarse casi de técnico, por lo que representa y porque nunca se podrá conseguir un nivel 0.
Durante el debate no han estado en la misma sintonía el resto de grupos. Pau Juvillà, por la Crida, ha valorado el informe de la Sindicatura como un revés a la gestión económica y política del Gobierno, y ha acusado al Gobierno de falta de control, por lo que ha pedido responsabilidades. Carlos González, del Comú de Lleida, también se ha lamentado de la falta de dimisiones; mientras que Carles Vega, de ERC, ha señalado que ejecutar gastos sin partida presupuestaria es una práctica irregular, que detecta una gestión deficiente. El portavoz de CiU, Antoni Postius, ha destacado que recurrir al reconocimiento de crédito era una forma de no incrementar la deuda de la Paeria, que de haberse hecho de otra manera habría sobrepasado el 110% permitido por la ley.