El Gobierno prevé la creación de un Banco Central de Cataluña (BCC) en una Cataluña independiente, para supervisar la solvencia de las entidades financieras. Según un documento del Departamento de Economía de la Generalitat, al cual ha tenido acceso la ACN, esta entidad, que contaría con unos 500 trabajadores, contribuiría a "mantener la estabilidad de los precios" y se encargaría de ejecutar la política monetaria, supervisar y promover el funcionamiento del sistema de pagos, así como gestionar las divisas y la puesta en circulación de euros. El ámbito financiero de una república catalana también contaría con un banco público de desarrollo con licencia bancaria para financiar proyectos clave de infraestructuras, apoyo a pymes, I+D e iniciativas contra la exclusión social. El documento sale al paso de los temores en torno a los ahorros y argumenta que durante el período transitorio hacia la independencia todos los depósitos de las entidades catalanas se mantendrán bajo el paraguas del Fondo de Garantía español.
El documento del Departamento de Economía detalla la estructura de un sistema financiero en la Cataluña independiente. El sistema financiero catalán tendrá dos supervisores; uno, el banco central, y el otro, una autoridad catalana de inversiones y mercados (ACIM), que supervisaría su conducta y aseguraría la protección de los inversores y una correcta formación de los precios. Las dos instituciones "dotarían a Cataluña de voz propia en organismos monetarios europeos e internacionales", según remarca el documento "La situación de la economía en un estado catalán". El BCC ejecutaría la política monetaria, la supervisión micro y macroprudencial y promover el buen funcionamiento del sistema de pagos. También se encargaría de elaborar estadísticas, gestión de divisas, puesta en circulación de euros así como servicios de tesorería y deuda pública. Una actividad que ejercería siguiendo los principios "de independencia, transparencia, rendición de cuentas, igualdad de acceso profesional y eficiencia". Según los cálculos del Departamento de Economía, la creación del banco "generaría un efecto multiplicador en el PIB resultante de la creación de puestos de trabajo especializados", con una estructura de 500 empleados que "lo situaría entre los bancos centrales más eficientes de Europa". El banco aportaría unos beneficios de unos "500 millones de euros anuales netos" a la economía catalana, que se podrían destinar a "la mejora de servicios públicos esenciales". Por otro lado, se crearía un sistema de protección de los consumidores para evitar el "lanzamiento de productos complejos y abusivos (como preferentes, subordinadas o cláusulas suelo), impedir una situación como la que se ha vivido recientemente en España con ayudas y "rescates bancarios" diseñados de manera que era "imposible recuperar el dinero", según un informe del BCE. El ámbito financiero de una república catalana también contaría con un banco público de desarrollo con licencia bancaria para financiar proyectos clave de infraestructuras, apoyo a pymes, I+D e iniciativas contra la exclusión social. En esta línea, el Instituto Catalán de Finanzas tiene previsto pedir la autorización bancaria europea para operar como banco público a partir de 2018. El consejero delegado del ICF, Isaac Sanromà, avanzó en abril que la entidad se podría llamar Banco Público de Inversiones de Cataluña o Banco Catalán de Inversiones. Traslado de sede de CaixaBank y Banco de Sabadell El documento se refiere al traslado de sede social de CaixaBank y Banco de Sabadell, unas decisiones "legítimas" de carácter preventivo que responden por un lado a la voluntad "de evitar fugas de depósitos no catalanes y de tranquilizar a sus accionistas", pero que también pueden ser un "intento" de presionar al Gobierno para evitar una declaración de independencia "así como también a presiones recibidas por parte del Gobierno español". El Gobierno cree que se trata de un "movimiento transitorio y reversible" teniendo en cuenta que "el 70% del beneficio de todo el estado de CaixaBank lo realiza en Cataluña". Por lo que respecta al Banco de Sabadell, se trata de un banco "más orientado a empresas que a particulares, lo que implica que tampoco puede (ni quiere) renunciar a Cataluña". Los responsables de las finanzas catalanas admiten que "cierta incertidumbre en el período transitorio hacia el nuevo estado es inevitable", especialmente en el ámbito financiero y a las respuestas de los mercados a "cualquier incertidumbre". Y creen que este sector "ha dejado de ser un escenario improbable a uno probable y las reacciones que observamos responden a este cambio de escenario y de probabilidades". Garantía de depósitos El documento sale al paso de los temores en torno a los depósitos bancarios y remarca que los depósitos de todas las entidades catalanas están "plenamente garantizados". Las entidades financieras que cambian de sede lo hacen para "blindarse" y seguir bajo el paraguas del fondo de garantía de depósitos español, un fondo actualmente de 1.022 millones de euros. Teniendo en cuenta que Cataluña cuenta con el 26% de los depósitos bancarios del Estado, un fondo catalán de garantía de depósitos debería tener un volumen aproximado de 270 millones de euros, argumenta el informe. Este fondo se crearía por ley en el nuevo marco de una Cataluña independiente y se empezaría a constituir con las aportaciones de las entidades de crédito catalanas. Sin embargo, se deja la puerta abierta a la creación de un "fondo de garantía catalán-español administrado conjuntamente por las autoridades de los dos estados", amparándose en la legislación europea. Esto es así porque una declaración de independencia "no implica inmediatamente" una Cataluña independiente ni su continuidad o no dentro de la UE. En todo caso, asegura el Gobierno en este documento, "en el período de transición los depósitos de todos los bancos con domicilio fiscal en Cataluña deberán estar cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos español, que a su vez cuenta con una garantía europea que los garantiza en su totalidad, hasta 100.000 euros por depositante y entidad financiera" y continuarán cubiertos por la normativa financiera europea, y bajo el paraguas del Banco Central Europeo, que continuaría siendo el "supervisor único" del sistema europeo, incluido el catalán "y seguiría aportando "toda la liquidez necesaria" a los bancos.