El Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias destina este año 20,6 millones de euros a servicios sociales en el Camp de Tarragona. El consejero Chakir El Homrani ha presentado este viernes las principales actuaciones que figuran en el contrato programa firmado por el Departamento y trece entes locales de la demarcación. Uno de los principales ámbitos de actuación es el refuerzo de los equipos básicos de atención social, que permite disponer de 80 profesionales más en el territorio. Además, se ha replanteado y ampliado la red de servicios socioeducativos para niños y adolescentes en situación de riesgo y sus familias, y se ha avanzado en los servicios de igualdad en el trabajo, LGTBI y accesibilidad, entre otros. El Camp de Tarragona se dota este año de 20,6 millones de euros para la prestación de los servicios sociales básicos y los servicios especializados dirigidos a colectivos como familias con niños a cargo, personas mayores, niños y adolescentes, personas con discapacidad, con enfermedad mental, con problemas de drogodependencias, afectadas por el VIH/Sida, personas inmigradas o políticas de igualdad, entre otros. La cifra de inversión se acerca a los 60 millones en el período 2017-2019.
En la demarcación, el contrato programa se materializa en acuerdos con los ayuntamientos de Calafell, Cambrils, Reus, Tarragona, Salou, Valls, el Vendrell y los consejos comarcales del Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat y el Tarragonès.
En cuanto al marco general del Contrato Programa -que se traduce en 109 contratos con municipios y consejos comarcales-, está dotado con 915,3 millones de euros para toda Cataluña, una cifra que ha aumentado el compromiso inicial de 826 millones de euros, según ha subrayado el consejero. El Gobierno ha defendido que representa un salto cualitativo del sistema de servicios sociales, que han sufrido un "enorme desgaste" en los años de crisis.
Más recursos profesionales
El Departamento ha apostado por fortalecer los servicios sociales básicos (EBAS) y ha incorporado un gestor administrativo a las unidades previstas -tres trabajadores sociales y dos educadores por cada 15.000 habitantes- para que se haga cargo de las tareas burocráticas que representan la atención a la pobreza energética, las necesidades habitacionales o las becas comedor. Además, se incluye más personal en aquellas zonas que necesitan un refuerzo de acuerdo a los factores de infancia en riesgo, dependencia, renta garantizada y dispersión territorial. En el Camp de Tarragona se pasa de 209 a un mínimo de 281 profesionales.
Por otra parte, se replantea y se amplía la red de servicios socioeducativos para niños y adolescentes en situación de riesgo y sus familias (SIS). Si hasta ahora el sistema se basaba en centros que atendían básicamente niños de 6 a 12 años, ahora se construye una red pública de servicios en toda Cataluña para atender a los niños y jóvenes de 0 a 18 años -con un servicio especializado en adolescentes-, así como a sus familias. También se pone en marcha un servicio itinerante y se hace hincapié en la prevención. La implantación del modelo está siendo progresiva y comenzó el año pasado por el Camp de Tarragona, las Terres de l'Ebre y parte de Ponent..
Además, se han comenzado a crear experiencias piloto de los Servicios de Orientación y Acompañamiento de las Familias (SOAF) para mejorar su bienestar personal, familiar y social. Este servicio está enfocado desde una perspectiva preventiva que detecta y refuerza las capacidades y fortalezas de las familias para favorecer relaciones familiares saludables y fortalecer las habilidades parentales. A diferencia de la atención a la familia que se hace en los Servicios Socioeducativos (SIS), este es un servicio de carácter universal dirigido a todas las familias, aunque no haya un niño en situación de riesgo.
Otras novedades destacables son la dotación de una partida presupuestaria destinada a los entes locales en los servicios de igualdad en el trabajo, LGTBI y accesibilidad, y la incorporación de los servicios laborales de orientación, acompañamiento y apoyo a la inserción.
El consejero ha puesto en valor la tarea realizada por la consejera Dolors Bassa, que no pudo presentar estas medidas. Chakir El Homrani ha afirmado que estos esfuerzos demuestran el compromiso del ejecutivo a la hora de trabajar con los entes locales y el tejido social. "La mejor respuesta que podemos dar a las necesidades de los ciudadanos es trabajar codo a codo y desarrollar una estrategia conjunta", ha señalado.
En el ámbito de la pobreza energética, el consejero ha pedido trabajar para garantizar los derechos energéticos. En este sentido, ha recordado que la política del bono social impulsada por el Estado "no acaba de funcionar" porque es demasiado compleja, pero se ha comprometido a seguir trabajando esta problemática de forma transversal con el Gobierno.
El Gobierno revisará la situación en el Hogar Natalis de Tarragona
En otro orden de cosas, El Homrani ha explicado que revisarán la situación y las actuaciones del Hogar Natalis, de la Fundación Obra Pía Montserrat del Arzobispado de Tarragona. El consejero se ha referido a ello después de que la CUP denunciara que los servicios sociales derivan mujeres embarazadas y en riesgo de exclusión social a este centro "antiavortista" y que, además, recibe financiación de ayuntamientos, del Consejo Comarcal del Tarragonès y de la Diputación de Tarragona. "Revisaremos que todo esté hecho como se debe hacer, pero tenemos muy claro que en el entorno de las políticas sociales es clave el derecho a decidir de las personas y trabajar en su empoderamiento", ha afirmado el consejero.