El Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú tendrá que expropiar los terrenos del conocido como Bosquet de Baix a Mar, un interior de manzana privado situado en la fachada marítima, entre el paseo del Carme, la rambla Lluís Companys, la rambla Pirelli y el Eixample de Mar. Son 2.000 metros cuadrados que hace más de 15 años que están en manos de los tribunales, ya que la propiedad reclamaba derechos para poder construir o bien una compensación equivalente. El juez hace años que le dio la razón y ayer el gobierno llevó al Pleno una última propuesta para dar permisos de edificabilidad y evitar la expropiación, pero no obtuvo los apoyos suficientes. Así las cosas, el Ayuntamiento tendrá que acabar expropiando los terrenos, con un importe que puede llegar a los 12 MEUR, según reclama el propietario. "Es un desastre económico", ha advertido el concejal de Urbanismo, Gerard Llobet.
El litigio arranca con el Plan General de 2001, que determinó que los terrenos del Bosquet de Baix a Mar dejaban de ser una zona verde expropiable y pasaban a ser una zona privada. La propiedad, la empresa Ninglee, se opuso y reclamó una compensación que nunca llegó. El gobierno recuerda que se intentó un acuerdo para ofrecerle unos nuevos terrenos edificables en el Eixample de Mar, pero no hubo entendimiento. Ante esta situación, la compañía llevó el caso a los tribunales, que desde 2004 han emitido varias sentencias concluyendo que tiene derecho a ser compensada con permisos de construcción o bien con una expropiación. Este martes, el gobierno ha lamentado que los reiterados intentos de entendimiento con Ninglee han fracasado y ha asegurado que la propuesta de modificación urbanística que se debatió en el Pleno de ayer lunes "era la única que evitaba la vía de la expropiación". Gerard Llobet ha admitido que la propuesta no satisfacía del todo a los propietarios pero habría servido para dar cumplimiento a las sentencias. Al mismo tiempo, ha destacado que se concentraban los permisos de construcción en un ámbito muy reducido y, a cambio, se conseguía la cesión de todo el resto de espacio verde, incluidos los accesos a través de diferentes edificios del perímetro. La propuesta recibió más votos a favor que en contra, pero requería de una mayoría absoluta que no consiguió. Por este motivo, ahora el Ayuntamiento tendrá que expropiar de forma forzosa dos terceras partes de esta finca verde, las cuales no incluyen los accesos. "Cuando se llegue a resolver esta expropiación, serán necesarias otras para poder garantizar los accesos al interior de la manzana", ha explicado Llobet, advirtiendo que, si no, la ciudadanía no tendrá ninguna manera de entrar al Bosquet. "Paralización del Ayuntamiento" Con la vía de la modificación urbanística descartada, el Ayuntamiento queda ahora pendiente de que un jurado de expropiación cuantifique el valor de los terrenos y el importe que tendrá que pagar el consistorio para quedárselos. El gobierno prevé que puede pasar un año hasta que se conozca este importe y ya augura que la cifra no satisfará ni al Ayuntamiento ni al propietario de los terrenos, que reclama 12 MEUR. Por eso, avanza que el caso llegará de nuevo a los tribunales. Como muy pronto, el gobierno calcula que la cifra será definitiva de aquí "dos años o dos años y medio". Con todo, el gobierno ya ha advertido que el presupuesto del Ayuntamiento "no podrá incluir de ninguna manera el importe de la expropiación". "Todo aquello que suponga pagar, sean 2, 3 o 6 millones, es un desastre económico" ha afirmado el concejal Gerard Llobet, que ha alertado que supondrá "paralizar el Ayuntamiento durante un mandato o mandato y medio". En la misma línea se ha expresado la alcaldesa, Neus Lloveras, que ha criticado duramente el rechazo de la oposición para hacer posible la modificación urbanística. En este sentido, la Junta de Gobierno de este martes ha acordado que se creará una comisión de investigación para tal de "determinar quiénes son los responsables" de tener que expropiar los terrenos del Bosquet.