El primer teniente de alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha instado este viernes a patronales, sindicatos y administraciones a pactar un salario mínimo de ciudad o del área metropolitana que no esté por debajo de los 1.000 euros. "No nos podemos permitir que nadie en Barcelona gane menos de 1.000 euros por su trabajo, y a partir de ahí puede ser más", ha defendido Pisarello durante la inauguración de la jornada 'Viabilidad y repercusiones del establecimiento de un salario mínimo de ciudad'. En todo caso, el teniente ha recordado que de momento ésta es una competencia estatal, al tiempo que ha remarcado que las administraciones no pueden sustituir la negociación colectiva. Es por ello que ha apostado por una reforma legal, del Estatuto de los trabajadores, que permita una negociación entre Generalitat, ayuntamiento y agentes económicos, o al menos que puedan establecer una retribución "de referencia".
Pisarello ha inaugurado este viernes en el Colegio de Economistas una jornada sobre el salario mínimo de ciudad organizada por el Ayuntamiento, el Área Metropolitana y el Consejo Económico y Social de Barcelona. El objetivo es promover el debate con los agentes sociales y económicos y por eso se creará un grupo de trabajo donde participarán patronales, sindicatos, consistorio y AMB. Durante la jornada se han presentado varios estudios, entre ellos el titulado 'Cálculo del Salario de Referencia en el Área Metropolitana de Barcelona', elaborado por la consultora Daleph. Este trabajo estima que el salario en el área metropolitana debería situarse en 1.048 euros brutos para que una persona adulta pudiera satisfacer sus necesidades básicas y vivir dignamente. La cifra subiría hasta los 1.088 en el caso de Barcelona ciudad en base a las diferencias de precio de los principales ítems analizados, como el transporte, la vivienda, la educación o la alimentación. En esta línea, Pisarello ha opinado que un salario de ciudad inferior a 1.000 euros "no es bueno para el trabajo y no es bueno para la economía", porque disminuye la productividad y también la capacidad de consumo. A esto le ha sumado la importancia de la cohesión social para mantener una sociedad segura, uno de los elementos que más se tienen en cuenta a la hora de atraer inversiones. Ha constatado que en este punto hay una dificultad competencial, porque la cuestión salarial es cosa del Estado, pero ha propuesto que Generalitat, Ayuntamiento y agentes económicos y sociales establezcan como mínimo un salario de referencia mientras la competencia no pueda ser autonómica. De todos modos, ha insistido en que aunque las administraciones deben tener su papel, "no pueden sustituir la tarea que deben hacer los sectores sociales y económicos", que son los encargados de la negociación colectiva. Pisarello sí ha remarcado que para defender este salario, las administraciones primero deben ser "creíbles", y ha apuntado que en el caso del Ayuntamiento, los sueldos más bajos están por encima de los 1.400 euros. También ha recordado que próximamente se firmará el decreto de alcaldía para incorporar cláusulas sociales a la contratación pública, como por ejemplo premiar a aquellas empresas que paguen por encima de los convenios establecidos.
