El Gobierno ha aprobado este miércoles, a propuesta del ministro de Justicia e Interior, Josep Maria Rossell, el Proyecto de ley de acceso electrónico de la Administración de justicia, que regula la utilización de las tecnologías de la información con el fin de mejorar el servicio público de la justicia. Así pues, la finalidad de este nuevo texto es agilizar los procedimientos de la Administración de la justicia aplicando las nuevas tecnologías.
Rossell ha puesto de relieve que la regulación de la aplicación de las nuevas tecnologías al sistema de la Administración de justicia es especialmente necesaria. Es por ello que el Proyecto de ley regula un nuevo sistema de comunicación y gestión procesal mediante los sistemas informáticos que permiten la comunicación, la notificación, la consulta y el archivo de todos los documentos procesales que forman el expediente electrónico al que pueden acceder todas las partes y los tribunales.
El ministro ha explicado que el Proyecto de ley se fundamenta en la puesta en marcha de la red electrónica de la justicia, que es la herramienta informática que permite y soporta el funcionamiento del servicio informático de gestión y comunicación procesal. Este servicio de titularidad pública es gestionado por el Consejo Superior de la Justicia.
Precisamente, dentro de esta red se alberga la sede electrónica de la justicia, un lugar seguro en Internet para realizar trámites telemáticos.
Tal y como ha destacado el ministro, se garantizan los principios de uso e interés público, confidencialidad, integridad y seguridad de los datos, las informaciones y los servicios que son objeto de comunicación o se encuentran en el sistema informático de gestión y comunicación procesal.
En este sentido, Josep Maria Rossell ha apuntado que se establece que el acceso y utilización de la red electrónica requiere el uso de un certificado de firma electrónica válido para garantizar la identidad del usuario y la seguridad del sistema.
Se establece también que las copias electrónicas tienen el mismo valor y eficacia que los originales.
Además, el Proyecto de ley determina cómo deben ser las comunicaciones mediante el sistema informático y qué documentos conforman el expediente judicial electrónico y cuáles no.
Modificaciones en las leyes calificadas de la Justicia e Inmigración
El Proyecto de ley incluye también la modificación de algunos artículos de la Ley calificada de la Justicia y de la Ley calificada de inmigración.
En el caso de la Ley calificada de la Justicia, se especifica que las notificaciones durante los días inhábiles y el mes de agosto se limitan a las actuaciones relacionadas con causas con preso u otras urgentes en el ámbito penal. Asimismo, se suprime la atribución de los procedimientos concursales a la jurisdicción administrativa y la sección de Instrucción ordinaria conocerá de los delitos de contrabando y tráfico legal de drogas tóxicas que hasta la fecha estaba atribuido a Instrucción especializada.
Finalmente, se amplía a dos años el período de reserva de plaza de las personas que hayan superado las pruebas teórica, práctica y de idiomas para alcaldes y que no hayan sido seleccionadas.
En cuanto a la ley calificada de inmigración, se reduce el plazo, de un año a tres meses, de residencia efectiva y permanente en Andorra de la persona que pretende reagrupar a su familia. Asimismo, se modifican los requisitos económicos para la obtención de las autorizaciones sin actividad lucrativa, y las autorizaciones para profesionales con proyección internacional y por razones de interés científico, cultural y deportivo.
Se prevé la entrada en vigor del Proyecto de ley de acceso electrónico de la Administración de justicia al cabo de dos años de la publicación de la normativa para poder llevar a cabo las adaptaciones tecnológicas pertinentes. No obstante, las modificaciones de las leyes calificadas de la Justicia y de inmigración entran en vigor al día siguiente de su publicación.
