El Gobierno continuará con la vía judicial para evitar que los costes de Castor recaigan en los ciudadanos

21 de mayo de 2017 a las 08:01h

El consejero de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, se ha dirigido por carta al ministro de Energía, Álvaro Nadal, para reclamarle toda la información con respecto al proyecto Castor, una vez conocidos los informes del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y que el gobierno español haya anunciado que no volverá a poner en marcha la plataforma. En la misiva, Baiget le recuerda al ministro que los costes de Castor no pueden imputarse a los ciudadanos y que, por lo tanto, continuarán con las acciones judiciales abiertas tanto en el Tribunal Constitucional como en la Audiencia Nacional para evitarlo y defender los derechos de los ciudadanos. El consejero asegura que las obras "son fruto de un mal procedimiento del gobierno español" y que, por lo tanto, no se pueden imputar a los ciudadanos el coste de 1.350 MEUR de indemnización que se pagaron a la concesionaria de Castor, ESCAL UGS SL. El Gobierno también exige al ministerio que se desmantele la plataforma y que se hagan todos los estudios necesarios previos para hacerlo con seguridad.

"No podemos aceptar, tal y como establece el Real Decreto-Ley 13/2014, que los costes de la inversión, más los intereses, más los costes de mantenimiento y desmantelamiento de la plataforma sean asumidos por el sistema gasista español y, por lo tanto, deban ser imputados a los ciudadanos y a las empresas consumidoras de gas a través de un incremento de las tarifas de este servicio", manifiesta el consejero, recordando al gobierno español que la Generalitat no desistirá en la vía judicial iniciada para defender los derechos de los ciudadanos.

El consejero asegura que el informe del MIT demuestra lo que ya habían advertido otros estudios previos a la construcción de la plataforma marina: que el proyecto Castor nunca debería haberse desarrollado por el riesgo sísmico existente en el terreno. Es por ello que, el Gobierno luchará para evitar que los costes de este proyecto no tengan que ser asumidos por los ciudadanos.

Por otra parte, el consejero pide al ministro que, una vez aprobado que el almacén Castor no puede desarrollar ninguna actividad, se desmantele para acabar "definitivamente con los efectos negativos" que la plataforma marina ha tenido sobre el territorio desde su construcción. En este sentido, Baiget reconoce que el desmantelamiento deberá hacerse e ir acompañado de estudios y medidas que aseguren que la operación se lleva a cabo con "toda la seguridad para los vecinos, el medio natural y acuático y su estructura geológica". El consejero advierte que es necesario realizar los informes previos que permitan un desmontaje del almacén que evite nuevos movimientos, pero "no se puede demorar la ejecución del desmantelamiento más allá de lo que sea necesario por motivos de seguridad".

En la parte final de la carta, el consejero también pide que el gobierno español mantenga informado "puntualmente" en todo lo que se refiere al proyecto Castor a la Generalitat como parte implicada que somos por la incidencia que el proyecto tiene sobre las poblaciones de la zona.

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