El Gobierno ha aprobado este miércoles, a propuesta del ministro de Finanzas, Eric Jover, el Proyecto de ley de modificación de la Ley de prevención y lucha contra el blanqueo de dinero o valores y la financiación del terrorismo.
El texto incorpora al ordenamiento jurídico andorrano las disposiciones de la quinta Directiva de la UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018 relativa a la prevención del uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Adicionalmente han sido consideradas las recomendaciones del GAFI y las observaciones de MONEYVAL en los procedimientos de evaluación periódica del sistema andorrano de prevención del blanqueo y de la financiación del terrorismo.
Así pues, el Proyecto de ley incorpora, entre otros, como sujetos obligados a los proveedores de servicios de activos digitales. También se regula el acceso a la información sobre los beneficiarios efectivos que conste en el Registro de Sociedades, el Registro de Asociaciones y el Registro de Fundaciones, eliminando la necesidad de que las personas solicitantes tengan que acreditar un interés legítimo.
Además, se crea el Registro de Cuentas Financieras y Asimiladas, "un elemento más de control y de lucha contra el blanqueo". De esta forma se establece que las entidades bancarias, las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico operativas en el Principado de Andorra declaren a este registro los datos de identificación de los titulares o beneficiarios efectivos de cuentas de pago, de cuentas bancarias identificadas con un número IBAN y de contratos de alquiler de cajas de seguridad. El acceso a esta información se limita a la UIFAND y otras autoridades competentes en materia de prevención, detección, investigación o persecución de delitos.
Finalmente, en el Proyecto de ley se introduce como nuevos sujetos obligados a los gestores y operadores de zonas francas como paso previo al desarrollo de este proyecto estratégico del H23. Del mismo modo se introducen modificaciones a la Ley de sociedades anónimas y a la de contabilidad de los empresarios que deberán permitir, junto con otras acciones que se están preparando, la flexibilización de los procesos de depósitos de cuentas que deben realizar las empresas.