El Gobierno ha enviado este martes al Consejo General el Proyecto de ley de medidas para mejorar el poder adquisitivo de la ciudadanía. Se trata del texto que permitirá implementar las propuestas del paquete de medidas transversales anunciado hace unas semanas por el jefe de Gobierno, Xavier Espot, y que requerían de modificación legislativa.
El ministro de Finanzas y Portavoz, Eric Jover, ha recordado hoy en rueda de prensa que desde que se anunciaron las medidas algunas ya se han podido validar por la vía del reglamento o de los decretos. En este sentido, el Proyecto de ley que hoy se presenta ha entrado a trámite parlamentario por la vía de la extrema urgencia y necesidad, por lo que se prevé que este mismo jueves podrá ser aprobado en el Consejo General.
Se trata de una decisión, ha destacado Jover, que se toma para poder asegurar que las medidas sean de aplicación con la máxima brevedad posible. No obstante, el portavoz del Gobierno ha recordado que todas las medidas se han compartido antes tanto con el Consejo Económico y Social como con los grupos parlamentarios para recoger sus aportaciones.
El ministro Jover ha expuesto que la Ley recoge cuatro artículos y cinco disposiciones finales. Uno de los artículos hace referencia a la dotación presupuestaria para llevar a cabo el total de las acciones: el texto prevé un presupuesto extraordinario de un máximo de 10 millones de euros. Así, se autorizan un crédito extraordinario, suplementos de crédito y créditos ampliables para responder a los gastos no incluidos en el presupuesto o superiores a lo previsto derivados de las medidas para mejorar el poder adquisitivo. El ministro ha remarcado que "el presupuesto extraordinario no supone un incremento de la deuda, y es que se sufragará a través de la tesorería disponible y de una recaudación de ingresos más elevada de la prevista".
Entrando en detalle de las medidas incluidas en el Proyecto de Ley, se revalorizan los salarios más bajos, los incluidos entre el salario mínimo y el salario medio (situado en 27.130,44€). El texto obliga a los empresarios a aplicar un aumento mínimo del 3,3% (igual al IPC del 2021) a todos los salarios situados en esta franja, siempre que no hubieran ya aplicado voluntariamente el aumento del IPC previamente. Se calcula que esta medida beneficia directamente a 24.500 personas con sueldos comprendidos entre estas cifras.
También aumentan, en este caso en un 3,67%, las pensiones de la CASS de jubilación, viudedad e invalidez para las personas que perciben una pensión con un importe mensual inferior al salario mínimo (unos 3.200 pensionistas). Jover ha remarcado que este incremento "lo asume íntegramente el Gobierno para no afectar a la sostenibilidad del sistema de pensiones de la CASS".
El texto legislativo también hace referencia a la inclusión dentro del tipo de gravamen reducido de los productos relacionados con la higiene íntima femenina y el cuidado de los bebés. Desde el 1 de julio, compresas, tampones, pañales y productos similares pasarán a tener un IGI reducido del 1% –actualmente se les aplica un IGI del 4,5%–.
En cuanto a las medidas relacionadas con la vivienda, el ministro portavoz ha anunciado que el Proyecto de ley encomienda al Gobierno modificar el impuesto sobre las viviendas vacías en un plazo de tres meses para incrementar su eficiencia. La encomienda también obliga a que la recaudación que se desprenda tenga la consideración de finalista, por lo que el dinero deberá utilizarse para promocionar la vivienda de protección social o de precio asequible.
Aún hablando de modificaciones, el texto también incluye la de la Ley de contabilidad de los empresarios para que todos aquellos con una cifra anual de ingresos inferior a 150.000 euros que no sean sociedades anónimas o de responsabilidad limitada no tengan que presentar el depósito de cuentas hasta los ejercicios que se inicien el 1 de enero de 2023.
Aparte, también se flexibiliza el deber de presentación de información comparativa respecto al ejercicio anterior excepcionalmente para aquellos que utilicen los modelos de memoria aprobados por la Orden Ministerial del 30 de marzo.
Finalmente, el texto hace referencia a una modificación de la Ley de impulso de la transición energética y del cambio climático (Litecc) para flexibilizar y facilitar el autoconsumo. Así, se elimina la limitación actual de producir la energía eléctrica (de origen renovable o mediante instalaciones de alta eficiencia energética) en el mismo lugar del consumo.