"Da la sensación de que se tomó la decisión de sacar un negocio adelante y cuando la técnica avisa de que no funciona bien, se ignora y se continúa". Esta es una de las conclusiones sobre el fracaso del proyecto Castor que el doctor en Geología y profesor de la UB, Josep Giner, ha extraído del estudio del caso a partir de la crisis sísmica que generó a partir de septiembre del año 2013. El fiasco del almacén de gas submarino deja en evidencia, según ha apuntado el experto en una conferencia en la Facultad de Ciencias de la Tierra de la UB, una serie de errores técnicos en todas las fases del proyecto, la aplicación de un inadecuado modelo de organización empresarial y la inexistencia de una evaluación de riesgos que debía haber previsto la posibilidad de movimientos sísmicos. Clausurado después de haber causado más de un millar de terremotos, el proyecto Castor supondrá una factura de más de 3.300 millones de euros sobre los consumidores después de que el gobierno español del PP decidiera indemnizar a la empresa concesionaria, Escal UGS, controlada por el grupo ACS.
El título de la conferencia escogido por Giner, 'El proyecto Castor. Crónica de un desastre anunciado', resume en buena medida la tesis sobre el cuestionable desarrollo y el consiguiente fracaso del proyecto que ha estudiado de forma independiente a lo largo de los últimos cuatro años. "Toda la parte técnica se hace con muchas deficiencias, errores, conceptos equivocados y a medida que se incorporan datos no se interpretan correctamente. Acumula error tras error y llega al fracaso que se manifiesta en los terremotos de 2013", ha expuesto. Profesional con experiencia de décadas en explotaciones petrolíferas en todo el mundo, al margen de su actividad académica, Giner ya había señalado anteriormente los puntos débiles de la viabilidad técnica del proyecto a partir de los pocos informes hechos públicos por la empresa y los datos que ha podido conseguir. Desde el modelo geológico del almacén, que partía erróneamente de la existencia de porosidades –o capacidad real para albergar el gas en la estructura- de entre el 18 y el 25%; el modelo dinámico, a partir del cual la concesionaria preveía la libre circulación del gas dentro del almacén como si se tratara de un tanque; así como el comportamiento geomecánico del almacén en las operaciones de inyección, que habría podido acabar provocando la fractura de la roca superior por una falta de cálculo adecuado de las presiones máximas que podía soportar durante la inyección. En realidad, según ha recordado, sus conclusiones coinciden, en buena medida, con las de diferentes organismos e, incluso, empresas auditoras del proyecto, que en algún momento ya habían detectado estas carencias. Y es así como algunos parámetros que convertían el almacén en una estructura "extraordinaria" pasaban a ser "normales". Así, por ejemplo, el informe del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Universidad de Harvard rectificaba la visión de Escal UGS y concluía que la estructura sólo tenía una porosidad máxima del 5% -muchos expertos la cifran entre el 1 y el 2%-. El modelo dinámico, que estudia el comportamiento de los fluidos en el interior, no pudo ser validado por el auditor de Escal UGS por falta de datos y la promotora no tuvo en cuenta cómo el petróleo remanente en el interior podría afectar al comportamiento del almacén durante la inyección. Tampoco había aportado datos de los pozos para determinar la presión de fractura de la roca, que situó muy por encima de los 185 bares de presión máxima alcanzada durante la inyección, en el momento de provocar los terremotos. Un incremento mínimo de esta presión la habría podido fracturar: en su informe, el Instituto Geológico y Minero (IGME) ya avisaba de que los márgenes de seguridad en este aspecto eran "inexistentes". Ignorar los avisos La empresa, sin embargo, en ningún momento previó ni actuó ante la posibilidad de desencadenar terremotos con la inyección, una relación causa-efecto que tanto el IGME como el MIT han corroborado. No sólo eso, sino que, teniendo conocimiento de los sismos desde los primeros días de septiembre, continuó las operaciones de inyección hasta mediados de mes, según sus propias previsiones. "En todas las fases los aspectos técnicos que avisan de que las cosas van mal, se ignoran. Deberían explicar por qué esto ha sido así. Por qué no se hace caso a los avisos técnicos de que las cosas no van bien", se pregunta Giner. Todo ello ha situado a la exconcesionaria como investigada –incluidos los miembros del consejo de administración y director técnico- en las diligencias abiertas por el origen de los terremotos en el juzgado número 4 de Vinaròs, junto con funcionarios y responsables del gobierno español La raíz de todo ello, en este sentido, van más allá del ámbito estrictamente técnico y lo sitúa también en el campo empresarial. "Es una empresa que no tiene ninguna experiencia previa, que no ha participado en proyectos de esta envergadura. Lo subcontratan todo, 40.000 empresas subcontratadas que hacen su trabajo y dentro del proyecto hay afirmaciones contradictorias", señala. Afirma que es un peligro ejecutar la "geología" y "la ingeniería" de forma paralela, contratando a otras empresas para ejecutar lo que se conoce como "core activity". En este ámbito, además, detecta una falta de "supervisión interna y externa", por parte de las autoridades estatales competentes, que se suma a un "pobrísimo análisis de riesgos sobre la posibilidad de terremotos". Esta combinación de "trabajo técnico muy deficiente con proyecto de empresa muy pobre y no adecuado al proyecto que se estaba gestionando lleva al fracaso", concluye. El proyecto, apunta, es inviable "independientemente de los terremotos". "El fracaso no se improvisa, pero se paga", recuerda, citando a Joan Fuster. Según abunda, la empresa concesionaria habría podido ahorrarse el episodio sísmico –con terremotos de magnitud de hasta 4,3 grados, pero que según el MIT podrían alcanzar los 6,8- con un sistema de monitorización con sensores alrededor de la plataforma marina y estableciendo un protocolo de semáforos para determinar la peligrosidad de la situación a partir de "semáforos". Mientras que el color verde indicaría sismos de magnitud inferior a 2 grados que no supondrían problemas, el naranja entre 2 y 3,5 alertaría de una situación anormal mientras que el color rojo, por encima de esta última cifra, supondría detener la actividad ante problemas de consideración. Semáforos de riesgo Recuerda, en este sentido, que las empresas que trabajan en este sector suelen determinar todos los escenarios de riesgo posibles sobre el medio, las propiedades o las infraestructuras y valorar los costes. Incluso, en los casos de más baja probabilidad. "Si su análisis concluye que un terremoto de 6,8 o 7 grados se puede producir pero con una posibilidad del 1 o el 2% nadie les podía recriminar nada, porque lo prevén y le dan una probabilidad baja", apunta. "Pero esto no excluye que la probabilidad se realice, es como comprar un décimo de lotería", añade. Un escenario de riesgo elevado, recuerda, requería detener el proyecto, especialmente, también por la proximidad de la central nuclear de Vandellòs. Al acto de este miércoles ha asistido también una delegación de la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Sénia. Su portavoz, Cristina Reverter, ha recordado que los argumentos de Giner demuestran que la viabilidad del proyecto esgrimida por la empresa era, en realidad, una "burbuja que estalló con incongruencias, errores técnicos y económicos", con consecuencias muy importantes en el territorio y en todo el Estado español. "Aprendemos cuando ya no se puede poner remedio. Tenemos un proyecto por el que pagamos cada año dieciocho millones de euros –más los 80 de la amortización del crédito que sirvió para indemnizar a Escal UGS con 1.350 millones de euros- a una empresa semipública –Enagás- y nadie pone remedio ni asume un error que tiene consecuencias anuales para los consumidores y ciudadanos", ha cerrado Reverter.
