La pelota está en el tejado del president de la Generalitat, Carles Puigdemont: si es capaz de resolver los agravios que denuncia el gobierno municipal de Batea (Terra Alta), la amenaza de marcharse a Aragón quedará enterrada. En estos términos se ha manifestado el alcalde de Batea, Joaquim Paladella, a la finalización del pleno extraordinario convocado para debatir la "discriminación" que, asegura, sufre la población. Una sesión que ha congregado a decenas de vecinos y que ha vivido momentos de gritos, reproches y peticiones de dimisión. El alcalde, que ha pasado de puntillas sobre la cuestión de marcharse a la comunidad autónoma vecina, ha focalizado su discurso en la necesidad de plantar cara a las cuentas pendientes con la Generalitat: el conflicto territorial con Gandesa, la masificación eólica y las 30 plazas de la residencia de ancianos. La oposición le ha advertido de las consecuencias de su propuesta y le ha invitado a dimitir.
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