El acusado de matar a la joven tarraconense Meritxell Vall, de 32 años, en una tienda de campaña en 2015 en Tarragona, Stanislav R., se enfrenta a la pena de prisión permanente revisable por un delito de asesinato y a cinco años de prisión por un delito de violación en grado de tentativa. Según han señalado a la ACN fuentes judiciales, se trata del primer caso en Tarragona en el que el ministerio público recurre a esta figura delictiva, que es la que prevé la máxima pena privativa de libertad del Código Penal reformado en 2015. El caso podría juzgarse por procedimiento sumario ordinario y no con un jurado popular debido a la concurrencia del delito sexual, según las mismas fuentes. La vista aún no está fijada, pero se prevé que se celebre en los próximos meses en la sección segunda de la Audiencia de Tarragona.
Según el relato del fiscal, el procesado Stanislav R., de 35 años y de nacionalidad eslovaca, vivía en un campamento cercano a otro asentamiento situado en el camino de la Budallera donde, desde finales de 2015, la joven Meritxell Vall vivía en una tienda de campaña. El hombre conocía a la chica porque tenían amistades en común. El 9 de octubre de 2015 por la tarde, la chica se dirigió a un supermercado, del cual salió alrededor de las nueve y se dirigió posteriormente a su campamento. Durante la noche, mantuvo comunicaciones telefónicas hasta las once y media de la noche y utilizó la conexión de datos, por última vez, a las 2:50 horas de la madrugada. Esa madrugada del 10 de octubre, el procesado, sabiendo que la chica se encontraba sola viviendo en el campamento y aprovechando tanto la "nocturnidad" del momento como las circunstancias de "aislamiento" del lugar, lo que producía una "anulación de las capacidades de defensa" -remarca el fiscal-, se dirigió hacia la chica y atentó contra su libertad sexual. "Se abalanzó sobre ella de repente y la amenazó al menos con un arma blanca que llevaba para este fin, despojándola violentamente de la ropa que llevaba, arrancándole los pantalones con la ropa interior y las zapatillas, un top y una bufanda que llevaba puesta, realizándole tocamientos diversos para a continuación intentar penetrarla sin éxito debido a la resistencia de la víctima, llegando a eyacular fuera de la zona vaginal", relata el fiscal. A continuación, continúa el ministerio público, el acusado, con "clara intención de evitar que la víctima pudiera llegar a delatarlo y que, por tanto, fuera descubierto", con el arma blanca que llevaba y "con la finalidad de acabar con su vida, le clavó múltiples puñaladas por el cuerpo mientras la víctima intentaba defenderse sin éxito, aumentando de manera deliberada su sufrimiento, ocasionándole una gran cantidad de heridas incisas por arma blanca, a nivel de la región torácica anterior y posterior, y del brazo izquierdo, produciéndose la muerte a causa de un shock hipovolémico provocado por la hemorragia de múltiples heridas de arma blanca". El cuerpo de la víctima fue localizado una semana más tarde dentro de una de las tiendas de campaña, hacia las siete de la tarde del 17 de octubre, en avanzado estado de descomposición, desnudo, en posición de decúbito lateral izquierdo, sobre un colchón y cubierto con un edredón. El cadáver presentaba una veintena de lesiones incisas y, cerca, los agentes de la policía científica localizaron un teléfono propiedad del hombre. El procesado fue detenido por los Mossos d'Esquadra el 1 de diciembre en Tarragona y, dos días después, el juez decretó su ingreso provisional en prisión. La fiscalía le acusa de un delito de violación en grado de tentativa por el cual solicita una pena de cinco años de prisión y de un delito de asesinato por el cual solicita la pena de prisión permanente revisable. En el delito de asesinato el fiscal aprecia que concurren la traición, el ensañamiento "aumentando deliberadamente e inhumanamente el dolor" y la voluntad de evitar que se descubra la comisión de otro delito. Además, introduce un punto del artículo 140 del Código Penal que determina la prisión permanente revisable: la circunstancia de que el hecho fuera "subsecuente" a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima. En concepto de responsabilidad civil, el ministerio fiscal solicita que el procesado indemnice a los padres de la víctima con 100.000 euros cada uno. El juicio se celebrará en los próximos meses en la Audiencia de Tarragona.
