El Ayuntamiento de Reus recupera el dinero del caso Tecnoparc

Hoy martes 12 de junio de 2018, desde la sede del partido, los dos concejales Jordi Cervera y Daniel Rubio, acompañados de la abogada Dolors Vázquez, han valorado el retorno de los 115.184,74 € de los dos de los imputados del caso Tecnoparc, del Sr. Bergadà y del Sr. Cunillera. En fecha 3 de febrero de 2012 Ara Reus presentó ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Reus la denuncia contra los señores Àngel Cunillera Zarate y Jordi Bergada Masquef en el que se ponía en conocimiento de los juzgados que éstos podrían presuntamente haber cobrado una serie de facturas; el primero como Presidente de Tecnoparc y el segundo como miembro del Consejo de Administración de Tecnoparc, por unos trabajos o tareas que presuntamente no se hicieron nunca, calificando ARA REUS estos hechos como un presunto delito de malversación de caudales públicos y falsedad de documentos. Bergada y Cunillera, dos de los cuatro investigados que actualmente constan procesados ​​en el procedimiento judicial han abonado las cantidades reclamadas en su día; y el pasado viernes día 8 de Junio ​​la empresa Redessa sociedad absorbida por Tecnoparc ha recibido el dinero proveniente del juzgado Actualmente el procedimiento continúa tramitándose, aunque Ara Reus no interviene como acusación, pero sí a la espera de señalamiento de fecha de juicio. El concejal Jordi Cervera afirma que "Ara Reus siempre ha defendido los intereses de la ciudad y que hoy es un día muy importante para todos" y el concejal Daniel Rubio declara que "Esperamos que este dinero devuelto sea destinado a la mejora de las instalaciones de Redessa 1 y a ayudas a los nuevos emprendedores en políticas en materia de empleo". A continuación hacemos un pequeño resumen sobre el Caso Tecnoparc destacando los hechos más importantes: En fecha 3 de febrero de 2012 se presenta ante los juzgados de Instrucción de Reus una denuncia por la formación política ARA REUS. La denuncia recogía unos hechos publicados en la prensa y también contenidos con un informe del Secretario municipal por el cual los señores Angel Cunillera Zarate y Jordi Bergada Masquef habían cobrado una serie de facturas, el primero como Presidente de Tecnoparc, el segundo como miembro del Consejo de Administración de Tecnoparc, ambos sin autorización del Consejo de Administración de Tecnoparc, ni tampoco sin norma que habilite o autorice el cobro de éstas, ni que conste realizados los trabajos y tareas que según las facturas se han llevado a cabo. El importe del cobrado ilícitamente era por parte de Angel Cunillera Zarate la suma de 81273,96 euros y Jordi Bergada la cuantía de 33912,78 euros. En fecha 14 de febrero de 2012 se admite a trámite la denuncia interpuesta por ARA REUS. En fecha 1 y 15 de febrero de 2013 declara como imputados, los ahora procesados, Jordi Bergada Masquef y Angel Cunillera Zarate; también son llamados a declarar como investigados el gerente de TECNOPARC, Xavier Gómez y un consejero delegado de Tecnoparc, Ramon Urgelles. En fecha 14 de febrero y siguientes días comienzan a declarar como testigos miembros del Consejo de Administración de Tecnoparc. El día 7 de marzo de 2016 se dicta auto por el cual se transforma las diligencias en Procedimiento Abreviado. Fiscalía presenta recurso contra auto de procedimiento abreviado por el cual solicita la transformación del procedimiento en Jurado y mediante la Audiencia Provincial de Tarragona en julio de 2016 se dicta auto por el cual se desestima el recurso de Fiscalía sobre la transformación del procedimiento de Abreviado por Jurado y se mantiene el enjuiciamiento mediante un tribunal profesional. Previamente al recurso de fiscalía contra Acto de Procedimiento Abreviado ARA REUS presenta en fecha 12-05-2014 escrito de acusación contra ANGEL CUNILLERA ZARATE, JORDI BERGADA MASQUEF, XAVIER GOMEZ Y RAMON URGELLES para lo que se piden las siguientes penas: 6 años de prisión para Angel Cunillera Zarate y Jordi Bergada Masquef y 3 años de prisión para Ramon Urgelles y Xavier Gomez por un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil.