El Ayuntamiento de El Perelló (Baix Ebre) reclama a la Generalitat que ejecute las medidas preventivas contra incendios para evitar siniestros como el que esta semana ha quemado más de 230 hectáreas de su término municipal. El alcalde en funciones de El Perelló, Ferran Cid, recuerda que hace siete años, tras el incendio que arrasó más de 3.000 hectáreas en la sierra de Cardó-Boix, el Gobierno se comprometió y elaboró un plan de gestión que nunca se ha terminado de poner en práctica por motivos presupuestarios. Durante los próximos días, el consistorio recogerá la información de daños que transmitan los particulares. Por otra parte, los Agentes Rurales ultiman las denuncias penal y administrativa contra el responsable de las quemas agrícolas que habrían generado el fuego de la Collada: se enfrenta a posibles penas de hasta cinco años de prisión o una multa máxima de un millón de euros, así como asumir la responsabilidad civil. Aunque no ha querido poner abiertamente en duda la celeridad, la estrategia y el despliegue de medios destinados a extinguir el fuego que se declaró el lunes al mediodía, el alcalde perellonense se hace eco de las críticas de muchos vecinos del pueblo que, nuevamente, consideran que no se ha gestionado adecuadamente el siniestro, que se habría podido minimizar en buena medida.
"Siempre que hay un incendio, y después de la experiencia de hace siete años, pensamos que podría haber ido mejor. Pero soy partidario de que debemos escuchar primero, nos deben explicar, una vez terminado, y ver qué medios se pueden mejorar y qué nos hace falta en el territorio, como empezamos a hablar hace siete años, y muchas por falta de presupuesto no se han podido realizar. Quizás deberíamos priorizar ser más rápidos y este plan, proyecto anunciado hace siete años que lo hacemos mejor, porque ahora tenemos dos experiencias. Tendremos que trabajar mucho", ha razonado Cid.
El plan, según ha precisado, ya estaba elaborado y contaba con proyectos redactados. Según ha reconocido, se han ejecutado algunas franjas de contención en espacios boscosos y la ADF Cabrafeixet, con el apoyo de Agricultura, habilitó una pista en la zona que ahora ha resultado afectada. "La ADF y el Ayuntamiento destinamos entre 90.000 y 100.000 euros cada año. Pero no es suficiente y debemos hacer algo más", subraya. La demanda podría reaparecer este viernes por la mañana, cuando está previsto que el mismo Cid visite la zona afectada junto con el director territorial de Agricultura en las Terres de l'Ebre, Ferran Grau, así como ingenieros y funcionarios del Departamento.
Aunque no se han tenido que lamentar daños personales, el consistorio perellonense tiene constancia de que una pequeña masía de la zona ha resultado parcialmente afectada por el fuego. Habrá que esperar a que sus propietarios, residentes en Francia, vengan para evaluar exactamente los daños. De hecho, Cid cree que habrá que esperar unos quince o veinte días antes de que el mismo Ayuntamiento haya podido recoger los datos de afectaciones en propiedades particulares para tramitar las posibles reclamaciones. Más allá de la superficie calcinada, Cid ha remarcado que el fuego "ha afectado mucho" al paisaje y a los mismos vecinos del pueblo. "Son zonas protegidas, donde se hacían muchos níscalos, de caza, esparcimiento y ocio, donde la gente va a caminar", ha precisado.
Denuncias en marcha
Por su parte, los Agentes Rurales ultiman las denuncias, por la vía penal y administrativa, que presentarán contra el agricultor supuestamente responsable de causar el incendio con una quema agrícola sin permiso ni las medidas de seguridad elementales requeridas. La vía administrativa podría quedar en suspenso de prosperar la penal y se reanudaría si, finalmente, el juez considera que no se le puede acusar de un presunto delito de incendio forestal.
Los Agentes Rurales, sin embargo, consideran que, en esta ocasión, concurren las circunstancias para que la acusación judicial prospere: el agricultor no disponía del permiso, el entorno de la hoguera no había sido limpiado de combustible potencial, tampoco guardaba la distancia mínima requerida con la zona forestal y se marchó cuando el fuego aún estaba en marcha y no se había apagado. Así las cosas, y más allá de que no resulta estrictamente necesario el elemento doloso para imputar este delito, la autoridad judicial debe valorar si existió imprudencia grave en la actuación del propietario de la finca, residente en la vecina población de Rasquera (Ribera d'Ebre).
Si, finalmente, el procedimiento judicial sigue adelante, el agricultor podría enfrentarse a una petición de pena que podría alcanzar los cinco años de prisión, teniendo en cuenta el agravante de que el incendio afectó en buena medida al espacio protegido del Tossal de Montagut y si se acaba demostrando que el fuego llegó a poner en peligro la integridad física y la vida de las personas –aunque no se tuvieron que lamentar daños personales, 38 personas de 22 masías aisladas tuvieron que ser evacuadas-.
En el supuesto de que la vía penal acabe descartada se reanudaría la administrativa. Según la ley de Montes de 2003 en vigor, la sanción podría ser de hasta 100.000 euros –si se tipifica como grave, cuando la restauración de los daños causados al terreno forestal tarden entre seis meses y diez años- o entre esta cifra y un millón de euros –en casos muy graves, cuando la recuperación supere el plazo de una década-.
En cualquiera de los casos, sin embargo, si el procedimiento finalmente corrobora la autoría del incendio como consecuencia de la quema agrícola imprudente, su autor debería hacer frente a la responsabilidad civil que se derive. Esto podría suponer que se le acabe reclamando el coste del operativo de extinción –que llegó a movilizar a 200 personas y ocho medios aéreos, entre helicópteros y aviones- así como la restitución de los daños al medio y a las propiedades.
