La comisión de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este martes dos proposiciones que instan al gobierno municipal a, por un lado, hacer un plan de choque de servicios sociales para hacer frente a la situación de proliferación de 'narcopisos' en el Raval, y por otro, a elaborar un informe de las fincas ocupadas en la ciudad, tanto municipales como privadas. La primera iniciativa, del PPC, reclama que en un mes se presenten las medidas suficientes en el marco de las competencias municipales para evitar las ocupaciones irregulares de pisos en el barrio del Raval que después se utilizan para el tráfico y venta de drogas. También pide que se traslade a la mesa de drogas esta realidad y se definan las actuaciones necesarias. El objetivo es "resolver con urgencia" este fenómeno, dice el texto, que ha contado con los votos de todos los grupos excepto la CUP, que se ha abstenido.
La otra proposición relacionada con las ocupaciones que se ha aprobado es un texto presentado por Cs, que insta al gobierno a presentar en tres meses un informe por distritos de las viviendas y equipamientos de titularidad municipal ocupados ilegalmente. También debe incluir los privados, en este caso coordinándose con la Generalitat. Este informe, además, debe contener un compromiso para que el gobierno inicie los trámites para conseguir el desalojo de las fincas "lo más rápido posible" en los casos de ocupaciones ilegales por parte de grupos o colectivos organizados. También apuesta por coordinarse con el resto de administraciones para poder dar una respuesta "adecuada" a la necesidad de vivienda social. La proposición de Cs ha obtenido los votos de todos los grupos excepto el PPC, que se ha abstenido, y la CUP, que ha votado en contra. De todos modos, el concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, ha apuntado que Barcelona es la ciudad del Área Metropolitana con menos ocupaciones, y ha asegurado que el porcentaje no llega al 0,2%. El 70% de las cuales, ha añadido, son propiedad de entidades financieras. En otro momento de la comisión, la concejala del PPC Àngels Esteller ha pedido al gobierno que adopte las acciones legales necesarias para recuperar la finca de la calle de en Robador 43, ocupada el pasado 11 de septiembre, un inmueble municipal donde en noviembre se prevé que empiecen las obras para construir vivienda de alquiler social. Montaner ha apuntado que la intención del gobierno es negociar con los ocupantes, pero si esto no da resultados, ya está firmado el expediente de denuncia por si fuera necesaria una "solución legal por la fuerza". "Pero el mundo en el que vivimos es un mundo de diálogo, no de represión. Y la premisa de este ayuntamiento es negociar y dialogar", ha añadido Montaner, que no ha querido aceptar el ruego del PPC. Esteller ha acusado a la CUP de estar detrás de esta ocupación y ha recriminado al Ayuntamiento que quiera negociar con "un grupo totalitario que ocupa edificios para decir ellos a quién se deben destinar". "Y la vergüenza es que esta juntamente cede ante el chantaje de la CUP y negocia con ellos para que abandonen.
