La Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER) del Ayuntamiento de Barcelona ha detectado un total de 268 pisos vacíos en la ciudad y está tramitando sendos expedientes exigiendo a las entidades bancarias que son propietarias que los pongan en el mercado o los cedan para que puedan cumplir su función social. Si no hacen caso, serán sancionados, como ya se hizo con cuatro viviendas que recibieron multas de 315.000 euros. Esta es parte del balance del trabajo que ha realizado la UCER desde enero de 2016. Esta unidad también ha atendido durante el año pasado un total de 1.574 unidades familiares en procesos de pérdida de la residencia. El pleno del consistorio debatirá el viernes el informe del primer año de funcionamiento de este organismo.
La tarea inspectora del Ayuntamiento, que se ha multiplicado por cinco el último año, ha permitido tramitar 268 expedientes de pisos vacíos en la ciudad. De momento, la desocupación permanente sin causa justificada ya ha derivado en cuatro sanciones de 315.000 euros a grandes tenedores, dos de ellos en Nou Barris (propiedad de Santander y BBVA) y dos en Sant Martí (de la SAREB). También ha dado lugar a la cesión de 16 viviendas propiedad de los bancos. La UCER está formada por 18 profesionales de diferentes disciplinas y actúa de acuerdo con la Ley del Derecho a la Vivienda. De los 268 pisos detectados, 62 están en Nou Barris; 45 en Sant Martí; 44 en Sant Andreu; 38 en el Eixample; 29 se encuentran en Sants-Montjuïc; 23 están situados en Ciutat Vella; 11 en Gràcia; 9 en Horta-Guinardó; 5 en Sarrià-Sant Gervasi, y 2 en Les Corts. Aunque las viviendas vacías propiedad de entidades financieras no son muchas en relación con el número total de pisos de la ciudad, se concentran en determinados barrios. Es por ello que el consistorio inició en 2014 un programa de detección y sanción en los barrios de Trinitat Vella, Ciutat Meridiana y Besòs i Maresme, que actualmente se ha ampliado a toda la ciudad. La UCER atendió a 1.574 unidades familiares durante 2016 que se encontraban en procesos de pérdida de su residencia habitual, algunas de ellas más de una vez. Es por ello que el volumen de intervenciones totales es de 2.303 actuaciones. En la mayoría de procesos de desahucio en los que intervino la unidad se llegó a una solución de alojamiento para las familias afectadas. La mayoría de los afectados son inquilinos y los casos de familias con menores a cargo se han multiplicado por tres entre 2014 y 2016. El Ayuntamiento trabaja con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y con el Departamento de Justicia para actualizar los protocolos de 2013 y así poder disponer de los datos sobre los procesos de desahucio justo cuando comienzan, y no al final, como ocurre actualmente. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, se produjeron en Barcelona 2.854 lanzamientos. La UCER también está realizando un censo de pisos vacíos para contactar con los propietarios y movilizar viviendas hacia el alquiler asequible.
