El Ayuntamiento de Barcelona ha comprado a la sociedad Olopte 92 SL los edificios de los números 7, 9 y 11 de la calle Lancaster, en el barrio del Raval, para evitar que los vecinos sean expulsados. Los inquilinos temían que una gran inmobiliaria o un fondo inversor adquiriera los inmuebles como ha pasado en el caso del número 13, que es propiedad de MK Premium, que ha sido denunciado por el último vecino de la finca por acoso inmobiliario. El gobierno municipal ha tomado esta decisión teniendo en cuenta que se trata de una zona con una gran demanda residencial y que son inmuebles que necesitan ser rehabilitados. Los inquilinos, además, tienen contratos fraudulentos, lo que ponía en peligro su continuidad si las fincas seguían en manos privadas. La operación se ha cerrado por 5.658.512 euros. El Ayuntamiento ya compró la finca de la calle Leiva 37 en unas circunstancias similares.
En total, el Ayuntamiento adquiere 41 pisos; 15 en el número 7; 12 en la finca 9, y 14 en el número 11. En este caso se trata de una operación de compraventa normal, sin ejercer el derecho de tanteo y retracto, como sí se hizo para adquirir Leiva.
El Ayuntamiento ahora elaborará un diagnóstico de cada unidad familiar para ver si cumplen los requisitos de vulnerabilidad social, de forma que puedan mantener su vivienda a un precio asequible, en función de sus ingresos. El gobierno pronostica que esto ocurrirá en la mayoría de los casos. Y es que los inmuebles pasarán a formar parte del parque de vivienda de alquiler público de Barcelona, y estarán gestionados por el Patronato Municipal de la Vivienda.
Se da la circunstancia de que los inquilinos de estas tres fincas tienen contratos fraudulentos, en su día se hicieron por estudios y no por vivienda, un argumento que podrían utilizar los nuevos propietarios para rescindir los contratos.
La calle Lancaster es una zona especialmente sensible teniendo en cuenta que está cerca de la Rambla y del Palau Güell. Los vecinos ya hace meses que alertaban que los edificios estaban siendo visitados por diferentes posibles compradores y temían que les pasara lo mismo que ha sucedido con la finca número 13, que fue adquirida por MK Premium con la intención de remodelarla, con la consecuente subida del alquiler. La compañía ofreció dinero a los vecinos para que rescindieran sus contratos, pero una familia aún vive allí y ha interpuesto una demanda contra la empresa, que también ha denunciado al inquilino por impago, aunque él asegura que se trata de un malentendido y que continuaba pagando al anterior propietario.
Este caso ha salpicado también a la concejala de Ciutat Vella, Gala Pin, que ha sido denunciada por MK Premium por injurias y calumnias. En declaraciones a los medios, Pin acusó a la empresa de coaccionar a los vecinos para que se marcharan.
Pin: "Tenemos los ojos puestos en la calle Lancaster" La misma Pin ha explicado que han optado por intervenir en el caso de los números 7, 9 y 11 porque esta es una zona donde se están produciendo "casos de especulación salvaje", y ha remarcado que el Ayuntamiento tiene "los ojos puestos" especialmente en esta calle porque "hay muchos vecinos a los que durante más de veinte años la administración les ha dado la espalda y no les ha tenido presentes". A esto le ha añadido la necesidad de lanzar un mensaje a los "especuladores", para dejar claro que "no son bienvenidos en la ciudad". "Esta compra se hace también para garantizar el derecho a la vivienda sobre todo de la gente más vulnerable", ha concluido.
La concejala ha remarcado los "esfuerzos" que está haciendo el consistorio en el caso concreto de esta calle, no sólo con la compra de estas tres fincas, sino también con la intervención en el caso del número 13, donde hay un problema de "falta de conservación" clara por parte de la propiedad. Pin ha apuntado que también hay dos edificios más, en este caso propiedad del director de Rehabilitación de la Generalitat, que tienen pendiente una orden de conservación y rehabilitación.
El concejal de Vivienda del Ayuntamiento, Josep Maria Montaner, ha recordado que la política del consistorio en esta materia no sólo implica construir viviendas nuevas e incorporar viviendas vacías, sino también en "casos excepcionales", adquirir propiedades verticales de acuerdo a una serie de condiciones que vienen marcadas por una instrucción municipal.
En este caso se trata de fincas ubicadas en una zona de fuerte demanda residencial y con una "presión especulativa intensa", ha dicho Montaner, son edificios que han sufrido "procesos de conservación coercitivos y sancionadores", y además la zona está pendiente de ejecución de un plan especial urbanístico desde hace más de 13 años.
Montaner ha reconocido que no pueden actuar en todos los casos, pero ha celebrado poderlo hacer en este "para decir a los fondos buitre que no son bienvenidos en la ciudad".
