Los nombres del aviador militar franquista Joaquín García Morato y el fundador de Falange Julio Ruiz de Alda desaparecerán de las placas de calle de Amposta. El pleno municipal tiene previsto este lunes por la noche aprobar, finalmente, el cambio de nombre de estos viales por los de Eugenio Ribera, el ingeniero que diseñó el puente colgante, y Ramon Salas, el arquitecto que proyectó las primeras escuelas públicas de la ciudad, respectivamente. El gobierno municipal, que ha impulsado el cambio a través de una comisión de expertos, se ha comprometido con los vecinos a ayudar para resolver las molestias que en la práctica pueda suponer el cambio de nombre para los vecinos, desde el punto de vista administrativo y económico, el cambio de nombre. Por otra parte, el pleno debe aprobar también la modificación de la relación de puestos de trabajo que supondrá la creación de un departamento específico de recursos humanos en el consistorio.
Años después de intensos debates políticos y varios intentos frustrados por el anterior gobierno de CiU, los nombres de personajes vinculados al fascismo ya no formarán parte del nomenclátor de las calles de Amposta. Son algunos de los principales vestigios de la dictadura franquista que todavía están presentes en la vía pública de la ciudad y que, según el alcalde, Adam Tomàs, sobrevivieron a los cambios impulsados después de la transición. "Teníamos el compromiso", ha recordado. Esta vez, según ha subrayado, la medida no ha topado con reticencias vecinales ni consistoriales. Tomàs ha recordado que los gobiernos municipales anteriores nunca vieron "necesaria" la sustitución. De hecho, en 2008 dieron por buenos los resultados rechazando el cambio de una consulta en la que participaron menos de la mitad de los propietarios de las calles. Ahora, el Ayuntamiento se ha comprometido a ayudar a resolver los contratiempos administrativos que el cambio pueda generar e, incluso, a financiar la modificación en rótulos o tarjetas de los vecinos afectados. Así, finalmente, el acuerdo de pleno permitirá sustituir definitivamente el nombre de García Morato por el de Eugenio Ribera, el ingeniero autor del proyecto del puente colgante de Amposta, mientras que el de Ruiz de Alda desaparece para que ocupe su lugar el de Ramon Salas, el arquitecto que diseñó las llamadas escuelas nacionales –más tarde escuelas Miquel Granell y actualmente la sede del Museo de les Terres de l'Ebre-, así como responsable del ensanche del núcleo urbano. "No se trata de poner ahora un nombre de los nuestros. Tenemos mucho camino por recorrer en temas culturales y personas que han hecho cosas relevantes para la ciudad que poner nombres de políticos o partidistas. No toca porque somos el equipo de gobierno de todos", ha justificado Tomàs, que recibió por parte de algún vecino la petición de que las calles recibieran el nombre de algún personaje destacado en la defensa de las libertades o con sensibilidad de izquierdas. De hecho, las propuestas concretas en esta línea han surgido de la comisión del nomenclátor formada por expertos e impulsada por el gobierno municipal. La idea, ha remarcado el alcalde, es que sea esta misma comisión la que escoja no sólo los nombres que se deben cambiar sino los que se puedan asignar en el futuro a nuevas calles, espacios públicos o edificios municipales. Por otra parte, el pleno tiene previsto aprobar también, de forma inicial, la sexta fase del Plan de ordenación y ocupación de recursos humanos, así como la modificación de la relación de puestos de trabajo. Una medida que Tomàs enmarca dentro de su plan de "modernización" de la estructura consistorial para hacerla "más eficiente" y "homogénea" con la creación del embrión de un departamento de recursos humanos. Esta nueva área, ha añadido, permitirá hacer más equitativas las tablas salariales –actualmente con una "gran disparidad"- y regularizar puestos de trabajo en un consistorio con más de 200 trabajadores, la gran mayoría de los cuales laborales. El consistorio convocará una nueva plaza para recursos humanos después de haber decidido amortizar el puesto de asesor económico. Tomàs ha explicado que negocian una salida con la persona afectada –sin plaza de funcionario y nombrada por el anterior gobierno de CiU después de que la llegada de la interventora le desplazara de estas funciones-, cuyo puesto suponía un coste al consistorio de 90.000 euros anuales para tareas que no se consideran "necesarias". Ante la inquietud entre algunos sectores de la plantilla que ha generado la difusión de la noticia, el alcalde ha querido tranquilizar a los trabajadores municipales y a los sindicatos asegurando que no se producirán despidos. "Hubiéramos podido caer en el error de hacer despidos políticos en el momento de entrar, pero si hubiera pasado sería hace dos años, no ahora. Después de dos años de haber entrado y haber hecho un análisis de la situación se toman las decisiones", ha respondido el alcalde ante las críticas convergentes, a quien ha reprochado también la "dejadez" y "desidia" en cuanto a la optimización de recursos en el consistorio durante sus mandatos. "Necesitamos un departamento de recursos humanos", ha añadido, asegurando que esta medida permitirá "solucionar" la situación de muchos trabajadores. Por último, la corporación también tiene previsto aprobar inicialmente la modificación puntual del POUM para incluir como Bien Cultural de Interés Local el antiguo convento-escuela de las monjas Carmelitas Terciarias, con el objetivo de proteger el edificio más allá de su futura titularidad. El gobierno municipal quiere adquirirlo para instalar la Escuela de Arte, pero tampoco descarta que alguna sociedad lo acabe comprando para otros usos.
