El alcalde de Batea (Terra Alta), Joaquim Paladella, baraja la posibilidad de que el municipio deje de formar parte de Cataluña y pase a depender de Aragón. Lo impulsaría, asegura, previa aceptación por parte de los vecinos del pueblo, en caso de que continúe lo que entiende como "discriminación" por parte de la administración de la Generalitat. Particularmente, lamenta que el Gobierno haya incumplido sus compromisos en la implementación de 30 plazas públicas para la residencia de ancianos. También critica el proceso para instalar centrales eólicas en el término municipal como una imposición. De momento, Paladella ya ha pedido una reunión con la subdelegación del gobierno español en Tarragona para explorar los posibles requisitos y garantías. También quiere entrevistarse con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para abordar la situación.
"Limitamos con Aragón, no puede ser que nos juntemos con Galicia, porque no nos tocamos. Con Aragón estamos al lado y tenemos relación de toda la vida. Queremos ver qué garantías y qué nos dice el gobierno español", ha asegurado Paladella. Todo ello, argumenta de forma reiterada, forma parte de una posible respuesta ante lo que considera abiertamente "discriminación" del Gobierno hacia el municipio y hacia las Terres de l'Ebre en general. "No tiene nada que ver con la independencia. La convicción del Ayuntamiento de Batea es que no permitiremos que no se nos discrimine. No somos nosotros quienes queremos salir de Cataluña: se nos está invitando a marchar", sostiene, recordando que, recientemente, un "secretario general" de la Generalitat le dijo que tanto Batea como las Terres de l'Ebre no eran "prioritarios". "No estamos dispuestos a ser de una nación que sistemáticamente nos discrimina. Podemos quedarnos sentados y quedarnos igual o explorar todas las opciones", clama. Entre el memorial de agravios, el alcalde destaca dos aspectos principales. Por un lado, la que considera como la gota que ha colmado el vaso, la asignación pendiente de 30 plazas públicas en la residencia de ancianos municipal, que se arrastra desde hace años y que, según remarca, ha sido objeto de varias resoluciones del Parlamento que no se han cumplido. En este sentido, lamenta que de las 2.200 plazas otorgadas recientemente por la Generalitat, ninguna haya ido a parar al municipio. Adicionalmente, el conflicto abierto recientemente también con el Gobierno por la implantación de centrales eólicas en el municipio. La aprobación de los planes urbanísticos para posibilitar estas instalaciones ha topado con el consistorio, que reclamaba su "derecho a decidir". "Los molinos los tenemos que tener sí o sí. Pero el plan industrial se va a Barcelona", reprocha. Estos conflictos son los que Paladella quiere trasladar en una reunión con el presidente Carles Puigdemont. De su resolución, asegura, dependerá la decisión futura que pueda tomar el municipio. "O nos resuelven estas discriminaciones o estamos obligados a mirar todas las opciones y, después, plantearlo a la gente del pueblo", subraya, asegurando que la decisión debería tomarse de forma "democrática" y consultando a los vecinos. Precisa que se trata de una cuestión que trasciende la catalanidad de sus vecinos y de él mismo –"me siento muchísimo catalán"-: "lo primero es la gente y nuestro territorio". Recuerda, también, que el gobierno municipal ya había trasladado desde hace tiempo su inquietud a todos los grupos del Parlamento, así como a la misma presidenta, Carme Forcadell, con quien ha podido mantener una conversación este miércoles por la mañana. "Es evidente que este nivel de discriminación no lo aguantaremos más con los brazos cruzados. Haremos lo que haga falta y exploraremos, democráticamente, hablando. Nos sentimos profundamente catalanes pero no estoy dispuesto a que el Gobierno discrimine a la gente de nuestro municipio", remacha, desafiante. Alcalde del municipio desde 1991 bajo las siglas de la formación independiente Unió per la Terra Alta, que durante las últimas contiendas electorales ha añadido a las siglas de Candidatura de Progrés (UPTA-CP), marca blanca del PSC –partido con el que llegó a presentarse a las elecciones del Parlamento de 2003 y ocupó un escaño entre 2004 y 2006. Especialmente desde su paso a la órbita socialista, ha mantenido sonados enfrentamientos públicos con cargos de la antigua CiU en la comarca, especialmente con el alcalde de la vecina población de Arnes y delegado del Gobierno en las Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès. Reacción de la ANC local La noticia, difundida inicialmente por el diario 'El Mundo', ha provocado reacciones en el mismo municipio, donde la sección local de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), ha criticado, a través de su Facebook, la propuesta del alcalde utilizando adjetivos como "indignación", "vergüenza" e "impotencia". "No hay derecho a que un representante político de un municipio mediante una noticia en un diario pueda poner en boca de toda la población" una decisión "tan grave como querer salir de Cataluña, sin tener opinión de los ciudadanos del pueblo y sin tener en cuenta los resultados de las últimas votaciones en el municipio". En este sentido, la ANC ha recordado que en la consulta del 9-N la opción del SI-SI tuvo un 85% de los votos y en las últimas autonómicas los partidos independentistas superaron de largo la mayoría. "Señor alcalde, no vale todo para conseguir unas plazas de la residencia, que no decimos que no sean lícitas, pero esto que ha hecho no es de recibo y no representa nuestro municipio", le reprochan.
