El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) y Ecologistas en Acción han denunciado que el gobierno español y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se "plieguen a los intereses de las eléctricas" con el proyecto de Orden Ministerial que podría facilitar la prolongación de la actividad de las centrales nucleares más allá de los 40 años. Según las entidades ecologistas, la nueva orden permitirá pedir la prórroga del permiso de explotación al gobierno español un año antes de que expire –actualmente se debe hacer tres años antes- pero el CSN seguirá reclamando la documentación tres años antes y deberá evaluar las condiciones de seguridad antes de la decisión de los propietarios de mantener, o no, la actividad. Estos dos años intermedios permitirán, según MIA y Ecologistas en Acción, que las eléctricas presionen al gobierno español a rebajar las exigencias y requerimientos. La orden ministerial recibió este martes el informe favorable del pleno del CSN, con el único voto en contra de la consejera Cristina Narbona, exministra de Medio Ambiente.
Según el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) y Ecologistas en Acción (EA), el gobierno estatal ha vuelto a cumplir "las indicaciones de Iberdrola" promoviendo un cambio de la normativa para favorecer los intereses del lobby nuclear. Las dos entidades critican que el CSN deberá evaluar las condiciones de seguridad de las plantas mucho antes de que los propietarios comuniquen si quieren alargar la actividad nuclear. Actualmente la renovación del permiso de funcionamiento se debe pedir tres años antes de que expire la licencia en vigor en el Ministerio de Energía, que remite la documentación pertinente al CSN para la evaluación de las condiciones de seguridad de las centrales. No obstante, la nueva normativa permitirá pedir la prolongación del permiso tan solo un año antes de que expire, separando esta petición del envío de documentación al CSN. Los ecologistas denuncian que la petición del permiso se convierte "en un extraño acto administrativo y obliga al CSN a trabajar y consumir recursos sin saber cuál será el fin de sus evaluaciones". "Podría pasar que no les interesaran las condiciones. Esto es un instrumento de presión de primer orden porque el gobierno español cuenta, en su política energética, con las nucleares. Les está dando una baza para que le presionen y consigan mejores condiciones", ha lamentado Francisco Castejón, coordinador del Movimiento Ibérico Antinuclear y portavoz de Ecologistas en Acción. "Es absolutamente irregular", ha añadido. La orden entrará en funcionamiento tan pronto como se publique en el BOE. Según Castejón se hará "rápido" porque el 8 de junio termina el plazo para que Amaraz I y II pueda acogerse a la nueva normativa y no se vean obligados a pedir una prórroga con el procedimiento antiguo, "con muchas más garantías que éste que están poniendo en marcha", ha explicado el portavoz ecologista.