La policía española ha detenido a 13 personas en Lleida en una operación contra el fraude a Hacienda y la Seguridad Social. La investigación comenzó en febrero de 2018 a partir de las sospechas levantadas por una empresa de Binefar (Huesca) que habría materializado hasta 94 contratos laborales falsos. El fraude que estos contratos habría comportado a la Administración pública se calcula, según la policía, en 162.615 euros desde mediados de 2017 hasta principios de 2018 cuando cesó la actividad de la empresa en cuestión. La operación fue llevada a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la comisaría de Lleida y colaboró la Inspección de Trabajo. El caso está siendo instruido por el juzgado de instrucción número 2 de Monzón. Tras una inspección en la empresa, la policía determinó que ésta se dedicaba a la simulación de relaciones laborales, además de ser utilizada instrumentalmente por otra sociedad ubicada en Lleida, con el fin de cederle trabajadores para ahorrarse el pago de cuotas acumuladas a la Seguridad Social. De este modo, conseguía ampliar beneficios y reducir considerablemente los costes, entre otras irregularidades.
Una vez se detectaron estas irregularidades, la policía localizó, citó y detuvo a todas las personas que habrían colaborado en el fraude por haber comprado contratos de trabajo de manera fraudulenta. Esta mecánica les permitía obtener indebidamente las prestaciones del desempleo que se habrían generado en relación al tiempo cotizado a la Seguridad Social.
La operación policial conllevó la detención del máximo responsable de la trama, un empresario de Lleida que utilizaba la empresa investigada de la que aprovechaba a los trabajadores.
Los investigadores de la policía han determinado que la empresa nunca cotizó por los 94 trabajadores que supuestamente estuvieron dados de alta. Por este motivo se llegó a acumular una deuda ante la Tesorería General de la Seguridad Social de 162.615 euros, desde mediados de 2017 hasta la finalización de la actividad a principios de 2018, y se llevaron a cabo 26 contratos simulados – por algunos de los cuales se pidió posteriormente la prestación económica del paro. La policía acusa a los detenidos de los delitos de falsedad documental y contra la seguridad social. Al administrador de la empresa que generaba las contrataciones fraudulentas se le considera el responsable, además, de un delito contra la hacienda pública.
